"Prevaricación, tráfico de influencias y violación de secretos". Estos son los tres "presuntos delitos" que el ministerio fiscal atribuye a Victoriano Cárcaba, director del área de gestión clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en su actuación como presidente del tribunal de un concurso-oposición que en 2011 otorgó plazas fijas en la sanidad pública regional a 23 especialistas. La fiscal ha formulado un escrito de denuncia ante el Juzgado de Guardia de Oviedo, tras estudiar la denuncia que a su vez habían interpuesto el pasado mes de mayo cinco médicos.
En consecuencia, el juez deberá decidir ahora el itinerario de una causa que lleva en los tribunales más de cinco años, y que el pasado mes de febrero dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo que anuló de forma parcial el proceso selectivo y ordenó repetirlo, bajo el argumento de que se habían producido filtraciones de preguntas entre algunos miembros del tribunal y determinados opositores. La Consejería de Sanidad ha solicitado que la resolución del Alto Tribunal no sea ejecutada debido a la amenaza de los especialistas que obtuvieron plaza en la oposición de abandonar la sanidad pública asturiana si se les desposeía de su puesto fijo y se les obligaba a repetir el segundo ejercicio. El Gobierno regional sostiene que aplicar el fallo del Supremo es inviable porque la asistencia sanitaria "se vería gravemente perjudicada al no disponer de suficientes especialistas de medicina interna para sustituir a los facultativos afectados por la sentencia".
Pero en el transcurso del largo periodo transcurrido entre la sentencia del Supremo y su eventual ejecución, cinco médicos decidieron explorar la vía penal y para ello presentaron ante la Fiscalía Superior de Asturias una denuncia contra el presidente del tribunal calificador. En su escrito, señalaban que los hechos podrían tener "carácter delictivo con responsabilidad penal", y querían que la Fiscalía practicara "las diligencias que estime necesarias para delimitar la responsabilidad penal de D. Victoriano Cárcaba Fernández, y otros si así se definiese, e inicie si hubiera lugar las consecuentes acciones encaminadas a su enjuiciamiento".
De los cinco firmantes de la denuncia, cuatro habían participado en el concurso-oposición. Dos habían obtenido plaza y otros dos (entre ellos Isabel Carrio Montes) no lo superaron. El quinto firmante es ajeno a la especialidad. A juicio de estos facultativos, tanto ellos como el Supremo entienden que "la utilización en el ejercicio de casos prácticos que fueron proporcionados por el presidente tiempo atrás a algunos opositores colocó a estos en ventaja en la oposición". Si esto fuera así, proseguían, "esta actuación representaría un flujo de información privilegiada llevado a cabo por un funcionario al que se le confió una responsabilidad máxima (...) desde su puesto de máximo responsable del tribunal calificador".
El caso tiene otras derivadas relevantes. Entre ellas, una nueva convocatoria, que está en marcha, de la jefatura de medicina interna del HUCA, a la que se ha presentado de nuevo Victoriano Cárcaba, quien tiene como único oponente a Azucena Rodríguez Guardado, también internista del HUCA. El doctor Cárcaba es desde el año 2010 el director del área de medicina interna del Hospital Central, cargo que viene desempeñando de forma provisional -al igual que otros colegas de otros departamentos- a causa de una sentencia judicial que anuló los procedimientos seguidos por la Administración sanitaria para nombrarlos.
Otra cuestión que conviene tener en cuenta es que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya se pronunció en su día sobre este caso, y concluyó que en el concurso-oposición no se había producido irregularidad alguna. Esta resolución fue después revocada por el Supremo en el sentido antes señalado.
Tras la denuncia de los cinco médicos, la Fiscalía disponía de seis meses para estudiarla y decidir si la archivaba o la remitía a un Juzgado de Instrucción para que indagase con mayor profundidad. La fiscal Esperanza González Avella ha agotado el plazo y ha tomado el segundo camino, formulando una denuncia que comprende "presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y violación de secretos" frente al presidente del tribunal. Ahora, el juez al que le toque el caso deberá dictar un auto con el que admita la denuncia e inicie la instrucción o, por el contrario, rechace la pretensión de la fiscal instructora (hipótesis poco probable, pero posible).
