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Los empleados de La Auxiliar plantean batalla contra la gestión compartida

Los trabajadores, con un ERE anunciado, ven irregular que se ceda al ente regional parte del servicio sin libre concurrencia

Con el anuncio de un ERE encima de la mesa, un despido por la finalización del contrato con el Ayuntamiento, los trabajadores de la Auxiliar de Recaudación retomaron ayer su batalla para mantener los puestos de trabajo abriendo un nuevo frente. La posibilidad de que el Ayuntamiento ceda parte del servicio al ente público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias presenta, según su opinión, diversas irregularidades y, en todo caso, insisten, obligaría a que ellos fueran subrogados.

"Los trabajadores vamos a defender nuestros derechos hasta el final y entendemos que una externalización del servicio debe implicar que el ente asuma nuestra contratación". Así lo explican en una nota que ayer entregaron en los grupos municipales del Ayuntamiento.

En ese comunicado, los trabajadores recuerdan que la primera vez que el tripartito exploró la posibilidad de que el ente público se hiciera cargo de toda la recaudación, el concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), puso como condición la subrogación de los trabajadores de La Auxiliar.

Ahora, analizan, ante la nueva propuesta para buscar una solución de urgencia que permita mantener el servicio en funcionamiento el uno de enero, "el Ayuntamiento no querrá firmar un cheque en blanco, sin saber ni si quiera el coste de la gestión, el coste de la financiación, lo que se va a recaudar ni lo que se va a ceder". "Sería una irresponsabilidad", advierten, "que conllevaría consecuencias que no creemos que nadie quiera asumir".

Los trabajadores afirman, además, que el Ayuntamiento estaría obligado por la legislación comunitaria a conceder la gestión de una parte del servicio a través de la libre concurrencia. "Los técnicos municipales y del Principado", afirman, "serán conscientes de que el tema va a ser objeto de controversia y desde luego de defensa jurídica ante todas las instancias".

Los trabajadores concluyen con la petición de que el servicio de Recaudación se preste "con todas las garantías jurídicas y económicas" y sin traumáticas pérdidas de puestos de trabajo.

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