Grandes firmas comerciales, como Carrefour, o, por otra parte, la propia Federación Asturiana de Empresarios (FADE) -como órgano al que se adhieren propietarios empresariales de inmuebles no residenciales-, han alegado contra la Ordenanza de Tributos y Precios Públicos del Oviedo que entrará en vigor el próximo año.

Dicha ordenanza se basa en el criterio del tripartito municipal (Somos, PSOE e IU) de establecer un IBI diferenciado (Impuesto de Bienes Inmuebles) que incrementará las imposiciones sobre locales de comercio, industria, hostelería, oficinas, garajes o almacenes cuando su valor catastral rebase los límites de uno, 2,6, o 7,6 millones de euros, según sea el sector económico al que estén consagrados.

El informe sobre dichas alegaciones fue examinado ayer por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento a propuesta del edil de Economía y Empleo, Rubén Rosón (Somos), responsable de la oficina presupuestaria municipal.

Ninguna de las alegaciones fue aceptada, por lo que la ordenanza no sufrirá modificaciones con respecto al texto aprobado inicialmente en el Pleno del Ayuntamiento.

En consecuencia, la subida del IBI se dirigirá a los inmuebles no residenciales "de las grandes fortunas, grandes propietarios, multinacionales o grandes carteras", que son los conceptos utilizados por el tripartito para explicar que no es una cuestión de "grandes empresas", sino de propiedades, negocios o corporaciones con activos inmobiliarios de alto valor.

Esta subida de la popularmente conocida como recaudación recaerá así sobre unos 260 comercios, locales de hostelería, oficinas, almacenes, garajes e industrias de la capital. El Ayuntamiento confía en recaudar por este concepto alrededor de tres millones de euros por encima de la contribución urbana existente hasta la fecha.

Para llegar a ese punto, el gobierno municipal del tripartito estableció por primera vez en la historia fiscal de la ciudad una diferenciación entre los inmuebles de uso residencial (los del común de los vecinos), y los de uso no residencial. Para los primeros, no sólo no se aplicará una subida o una congelación del IBI, sino que el tipo de gravamen general bajará de 0,679 a 0,65 por ciento, es decir, que dicho coeficiente ha de multiplicarse por el valor catastral fijado por el Ministerio de Hacienda y así se obtiene la cantidad que ha de librar cada propietario.

Sin embargo, el tipo de gravamen será diferente y escalonado para los inmuebles no residenciales. En primer lugar, todas las propiedades inmobiliarias que posean un valor catastral por encima del millón de euros serán gravados con un 1,1 por ciento en el caso de tratarse de oficinas, industrias, comercios o almacenes.

Pero si el local está ocupado por un negocio hostelero, el valor catastral del inmueble ha de ser superior a los 2,6 millones de euros para que se aplique ese mismo 1,1 por ciento.

Por último, en el caso de los usos deportivos, sólo serán afectados los inmuebles con un valor catastral superior a los 7,6 millones de euros. De esta especie solamente hay un caso en la ciudad.

El Ayuntamiento estima que estas nuevas reglas fiscales tendrán aplicación en unos 80 comercios, 53 industrias, 17 locales de hostelería, 63 espacios para oficinas y 44 garajes y grandes almacenes.