El sprint final anunciado un día antes por el alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), en el proceso para poner en marcha un nuevo servicio de Recaudación de titularidad pública, se está convirtiendo en un accidentado final de carrera. Y si el martes el Alcalde hablaba de campo de minas, ayer le estallaron tres seguidas al tripartito en forma de sendas sentencias que coinciden en señalar la ilegalidad de la estrategia municipal consistente en recurrir a la figura de "interinos esenciales" para convocar nuevos puestos de trabajo.

De las tres sentencias, una del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo y otras dos del número 4, dos de ellas anulan una parte de la convocatoria, la referidas a las siete plazas de técnico de gestión y a las trece de auxiliar administrativo, respectivamente, y la restante, correspondiente al recurso que planteó el sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo USIPA-STAO, tumba las 29 plazas de toda la convocatoria.

Pero aunque el fallo se refiera a una parte de la convocatoria o a todo el conjunto, los magistrados David Ordóñez Solís y Juan Carlos García López coinciden en la cuestión jurídica esencial: recurrir a la figura de "funcionarios interinos esenciales" tratando de ampararse en los supuestos excepcionales que la ley de Presupuestos Generales del Estado establece en su artículo 20.2 es un "intento de eludir" el espíritu general de esta norma, encaminada a limitar la creación de nuevos puestos de trabajo por parte de la Administración a las vacantes que vayan dejando las jubilaciones.

El citado artículo de la legislación nacional, como reproducen las sentencias, establece que "durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatuario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables". Y esa excepcionalidad, una vez revisados los supuestos en los que lo permite la ley, supone en realidad, en el caso del servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, "una auténtica creación de plazas" en la plantilla municipal, según la sentencia del número uno. Por lo tanto, concluye el magistrado del número 4, David Ordóñez, "si admitiéramos la legalidad de la vía elegida por el Ayuntamiento para aprobar la convocatoria impugnada, abriríamos una vía que dejaría sin efecto la disciplina presupuestaria impuesta".

Con otras palabras pero idéntico sentido, el magistrado del número uno, Juan Carlos García, indica que "se ha utilizado la vía excepcional de la ley de Presupuestos Generales del Estado a una finalidad distinta de la establecida en el precepto y dejando vacío de contenido en realidad las limitaciones contenidas en el número uno de dicho artículo 20". El propio juez enumera a continuación las posibilidades reales de las que los Ayuntamientos disponen para convocar nuevos puestos de trabajo, teniendo en cuenta que la norma nacional pretende "fijar una determinada limitación a la incorporación de nuevo personal". Estas son, simplemente, la tasa de reposición de personal sobre la plantilla municipal existente, del 100% o del 50% según las áreas concretas a las que se refiera.

Por tercera vez, el magistrado del número 4 vuelve a resumir el argumento cuando se refiere a las plazas de personal administrativo, y destaca que "tanto la plantilla como la convocatoria revelan un intento de eludir la aplicación de lo previsto en el artículo 20.1 de la ley de Presupuestos Generales del Estado" y que, por tanto, la convocatoria de funcionarios interinos esenciales "constituye en realidad una incorporación de nuevo personal".

Eduardo Rueda, el abogado que ha llevado la demanda de los sindicatos USIPA-STAO, destacó que los trabajadores reclamaban que se hubiera recurrido a funcionarios de carrera, a través de una oposición, y aseguró que "si por parte del Ayuntamiento se hubiera hecho la convocatoria bajo los conceptos de mejora del empleo o de promoción interna, el sindicato no hubiera recurrido las plazas para todos los puestos de la convocatoria".

El Ayuntamiento ovetense anunció que recurrirá las sentencias, descartó que afecte a la puesta en marcha del nuevo servicio junto al Principado y lamentó que la capacidad organizativa de la Administración local pueda verse coartada por culpa de las leyes "impuestas por el gobierno nacional del PP".