Sanidad no recurre la sentencia que deja sin plaza fija a 23 médicos de la región
La aplicación de la resolución queda pendiente de que los facultativos afectados la impugnen o no ante el Supremo La Consejería se inclina por ofrecer a los especialistas seguir en sus puestos de forma temporal
El Gobierno regional "muy probablemente" no recurrirá el auto judicial que obliga a la Consejería de Sanidad a ejecutar una sentencia que anula un concurso-oposición de 2011 y que quita a 23 especialistas en Medicina Interna la plaza fija obtenida entonces. Así se pronunció ayer Guillermo Martínez, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según Martínez, la Consejería de Sanidad "va a buscar alternativas, que el mismo auto refleja", en orden a "preservar el servicio que se está prestando a los ciudadanos".
El citado auto, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, desoye la petición de la Administración sanitaria, que había solicitado dejar de aplicar una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero. Sanidad argumentaba que los asturianos podían quedarse sin atención sanitaria pues los médicos afectados por el fallo habían amenazado con irse de la sanidad pública si se les despojaba de la plaza en propiedad. Queda ahora por saber qué harán estos facultativos, que también podrían recurrir el auto del Tribunal Superior de Asturias ante el propio Supremo.
Cuando el consejero de Presidencia hablaba de que el auto de los jueces asturianos señala alternativas, cabe pensar que estaba refiriéndose a una posibilidad que plantea la resolución, según la cual "nada impide a la Administración sanitaria mantener a los afectados en sus puestos de trabajo de forma temporal". La duda es si esta opción satisfará a los 23 facultativos.
Si finalmente la sentencia del Supremo se ejecuta, los especialistas que ocupaban esas plazas indefinidas, más otros 10 que habían aprobado el primer ejercicio del procedimiento selectivo, deberán volver a realizar el segundo examen y a ser baremados, esta vez con un nuevo tribunal evaluador. Y es que el Supremo anuló el concurso-oposición bajo el argumento de que en el segundo ejercicio se produjeron filtraciones de preguntas a algunos opositores, por parte de determinados miembros de la comisión evaluadora.
De los 23 afectados, seis trabajan en el HUCA y otros seis en el Valle del Nalón (Riaño); cuatro en el Hospital de Cangas del Narcea; tres en Cabueñes (Gijón) y otros tantos en el San Agustín (Avilés); y uno en el Álvarez-Buylla (Mieres).
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