Dos sesiones plenarias consecutivas permitieron ayer al tripartito aprobar las ordenanzas fiscales, la modificación de la ordenanza de terrazas y el convenio con el ente de Servicios Tributarios para que el Principado se haga cargo de parte del servicio de Recaudación. La mañana dio para tensos enfrentamientos entre oposición y gobierno, protagonizados por el líder del PP, Agustín Iglesias Caunedo, y el concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), que celebró el fin de la gestión de tributos en manos privadas con un "nunca más garrapatas en las administraciones", en uno de los minutos calientes del Pleno.
En realidad, Rosón condujo el debate de las ordenanzas fiscales y el del convenio con el Principado al terreno de la política de combate, y convirtió los dos acuerdos en un símbolo del cambio en el Ayuntamiento al grito de "se acabó el chollo". Se refería a esos que "les tocaba la lotería todos los años sin comprar un décimo", a "los que veían lo público como un cortijo privado", a "los amigos del PP". No se quedó ahí Rosón y personificó estas acusaciones en el dueño de La Auxiliar de Recaudación, Joaquín Molina Sánchez, al que el PP, según denunció de forma reiterada, habría "entregado" el servicio para que se embolsase cada año "un botín de cuatro millones de beneficios" por ser "amigo personal de Gabino de Lorenzo, con quien compartía sillón en el consejo rector de la asociación nacional de criadores de caballos". En la parte del IBI, el protagonista fue Carrefour, empresa que alegó contra el IBI especial con el que el tripartito gravará a las grandes superficies, "esas fortunas que son el 0,1%". "Nosotros", resumió Rosón, "votamos hoy con el 99,9% de la gente, vosotros votaréis con Carrefour".
La réplica desde el PP se la dio en ese debate Eduardo González, que le advirtió, en sintonía con la posición de Ciudadanos, del peligro de que "Oviedo se quede aislado por sus tributos", ahuyentando a las empresas y "recaudando cuatro millones de euros más, sí, pero perdiendo en beneficios y empleo en el futuro".
La modificación de la ordenanza de terrazas introdujo un paréntesis, no sin polémica, ante las acusaciones de Cristina Fernández (PP) por haber logrado dividir más a hosteleros y vecinos y las explicaciones del concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, que insistió en haber realizado un proceso "honesto, abierto y cercano" y afeó al PP que el cisma en hostelería lo provocaran ellos con su ordenanza.
En la segunda tanda de la bronca política, Agustín Iglesias Caunedo sacó a relucir la posición del PSOE en 2011 defendiendo a los trabajadores de La Auxiliar y preguntó por qué el ente público no ofrece ahora garantías de recaudación y por qué no hay informes que justifiquen el modelo mixto con el Principado y personal municipal. "Nos salvará la vigilancia de los juzgados", confió.
Ciudadanos también reprochó al tripartito que haya renunciado a la remunicipalización y entregue ahora al Principado también la gestión tributaria, no sólo la recaudatoria, y vaticinó "el abismo" ante la decisión de poner en marcha el servicio con 7 funcionarios -"se les conocerá como los siete magníficos", ironizó Luis Zaragoza- después de haber reclamado 29 esenciales.
La bronca siguió elevándose cuando Rosón acusó al PP "de haber convertido al Ayuntamiento en una agencia de colocación de familiares y amigos" con las privatizaciones. Caunedo le sacó a relucir la incapacidad de su gestión: "No has sido capaz de terminar nada", le espetó, "ni el presupuesto de 2016, ni el de 2017 ni el mercado de la Corredoria".
