La presencia de tres niños de corta edad que estaban con su abuela dentro del chalé ilegal construido en Brañes y la ausencia de su propietario impidieron ayer llevar a cabo el derribo de la casa, que está en pleno parque periurbano del Naranco, pese a que el Ayuntamiento tiene una orden judicial firme e irrevocable que permite echarla abajo.
Dos patrullas de la Policía Local, trabajadores municipales del área de Urbanismo y el arquitecto de la empresa encargada de supervisar la demolición fueron a las diez y media de la mañana a la parcela, en la zona de Las Cabañas, y comprobaron que estaba habitada. La abuela de los pequeños no quiso marcharse, tiró al suelo el acta de intervención que le entregaron los agentes, dijo que su hija (la madre de los críos) había presentado una apelación y cerró la puerta como si quisiera atrincherarse. La policía rehusó emplear la fuerza y dio media vuelta junto con el personal del Ayuntamiento, que allí reunido trazó un plan. Hoy cortarán la luz y precintarán los conductos de suministro de agua de la vivienda.
Lo único que derribaron ayer fue un tendejón anexo a la casa en el que el propietario guarda leña herramientas y un pequeño tractor. Lo hicieron a mano y guardaron los restos en un camión. Durante el trabajo no salió ni entró nadie de la vivienda, ni siquiera para recoger la bolsa que el panadero les dejó sobre un pilar de la entrada. De hecho, a través de las ventanas podía verse a la abuela viendo la televisión con uno de sus nietos.
El propietario es Alexander Ermakov, un empresario ruso que construyó la casa en una zona protegida para vivir con sus tres hijos y que ahora asegura no residir allí tras haberse separado de su esposa, Beatriz Fernández. Ella sería la actual habitante junto a los niños, aunque ayer su madre negó que estuviera en el chalé.
La historia de este inmueble ilegal en la falda del Naranco partió de una denuncia del Seprona y tendría que haber acabado en abril de 2013, cuando el Juzgado número 6 de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo dictó sentencia ordenando la demolición. En noviembre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó la sentencia. Durante los últimos tres años el Ayuntamiento ha ganado todos los recursos presentados por los propietarios. Beatriz Fernández apeló al Ayuntamiento en varias ocasiones manifestando que la sentencia le dejaba en la calle. La plataforma Stop Desahucios llegó a interesare por el caso pero declinó apoyar a los propietarios indicando que, según sus investigaciones, tenían recursos suficientes y habían rechazado un piso en La Corredoria, extremo que ella siempre ha negado.
Ermakov podría ir a prisión por "engañar" a la Administración con la construcción del chalé y la Fiscalía pide para él tres años y medio de cárcel. También están imputados un arquitecto ovetense y dos constructores.
