Las ayudas con las que el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo -a través de un plan concertado- luchan contra la pobreza energética calentaron en los meses de noviembre y diciembre 214 hogares ovetenses. Este tipo de subvenciones se conceden a lo largo de todo el año pero es en los meses más fríos, hasta la entrada de la primavera, cuando más personas que acuden a las oficinas municipales y solicitan una ayuda única que ronda los 300 euros. El gobierno local, de hecho, ha tenido que reforzar este departamento en el que trabajan habitualmente tres personas y que desde enero cuenta con cuatro operarios. Gestionan una media de 15 peticiones al día (no todos los demandantes cumplen los requisitos) y manejan un presupuesto que ronda los 210.000 euros, 150.000 más que en el mismo periodo del año pasado. A final de año se ejecutaron 62.281,87 euros logrando superar el número de beneficiarios de todo el invierno pasado (170).

Este tipo de apoyo se concede a quienes tienen problemas para pagar la luz, el agua o el gas o se han visto ya incapaces de afrontar los recibos. Deudas pendientes, reconexiones a la red y nuevas altas son algunos de los supuestos que cubren unas subvenciones que gracias al aumento de fondos, podrán llegar a más personas con dificultades. La mayoría de los beneficiarios del presente invierno, el 66,5 %, no tienen empleo. En el 23,1% de los casos, el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tiene trabajo. Pero aún así tiene dificultades para pagar las facturas. Y el 10,4% son jubilados a los que la pensión no les da para pagar los recibos.

Del total de los beneficiarios, el 53% tiene ingresos que no alcanzan los 532,51 euros mensuales que marca el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Con respecto a la estructura de las familias, el 30.9% son hogares de un solo miembro, el 23,2 % cuentan con dos y el 45,9% de los hogares albergan al menos 3 personas.

En estos dos últimos meses del año, además, se han paralizado 44 cortes de suministro. Se trata de casos que el Ayuntamiento deriva al gobierno regional para que haga valer el convenio que tiene con algunas compañías eléctricas y que sirve de red de seguridad para quienes se encuentra en una situación delicada. Una vez que la empresa pone fin al suministro, el usuario debe hacer frente a un coste adicional por reconexión si desea volver a contratarlo. Una tasa muy difícil de alcanzar para quienes se quedaron sin luz, precisamente, porque no podían pagarla.