Consumo sólo resolvió una de cada nueve reclamaciones presentadas en 2016

Esto supone que sólo han sido resueltas el 11,2 por ciento de las quejas de los consumidores. O dicho de otra forma, prácticamente la OMIC sólo ha resuelto 1 de cada 9 reclamaciones. Así, de las 650 quejas únicamente comenzaron a estudiarse 324 (la mitad). Estas cifras son las que hicieron que ayer Ciudadanos, a través de su edil Luis Zaragoza, afirmara que "estamos ante un desmantelamiento de la Oficina del Consumidor, producto de la dejadez del tripartito". A su juicio, el gobierno local "está dejando guardadas en un cajón las reclamaciones de los ciudadanos". El principal problema, como ya publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, se centra en que la oficina cuenta solo con un auxiliar administrativo para recepcionar las quejas. Además, el servicio no cuenta con un técnico de administración general (TAG), que es la figura funcionarial que puede resolver los expedientes. Esto ha llevado a que en ocasiones hiciera labores de ventanilla uno de los tres directores generales -el más alto cargo funcionarial- que hay en el Ayuntamiento. "Es indignante que un auxiliar administrativo sea, a día de hoy, el único encargado de gestionar las reclamaciones de más de 220.000 habitantes sin que el tripartito haya puesto hasta ahora ninguna solución", apuntó Zaragoza. El gobierno local, a través de la concejalía de Interior y Personal (IU), se ha comprometido a dotar en los próximos días al servicio de un TAG y reforzar la oficina con otro auxiliar administrativo.

Zaragoza se mostró también preocupado ya que la OMIC "recibe entre 20 y 40 alertas semanales por incidencias con productos industriales a las que no se hace ningún seguimiento ni son enviadas a la Inspección de Consumo". El edil de la formación naranja añadió que "tenemos una herramienta para proteger los derechos de los consumidores y usuarios de esta ciudad que no se está usando por la dejadez y mala organización de este equipo de gobierno". En Ciudadanos, que presentará una moción en el próximo Pleno para que se dote de personal suficiente a la oficina, se considera que, tomando como referencia la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el servicio necesitaría contar con once trabajadores: un jefe de sección, un asesor jurídico, dos inspectores de salud pública, un subinspector y tres auxiliares, además de una Jefatura de Servicio de Educación, Deportes y Salud con un secretario y un asesor jurídico.