"Los bancos saben que los clientes no van a pleitear las cláusulas de suelo porque en España no tenemos esa cultura; sabían que sólo lo iban a hacer un diez por ciento, y el resto sería noventa por ciento de beneficios". Por ese motivo, y porque el decreto aprobado por el Gobierno central, "con el apoyo de PSOE y Ciudadanos", es un "brindis al sol" que no obliga a los bancos a informar a los afectados, es tan necesario "potenciar la información".

Eso precisamente, y con esas palabras, es lo que puso ayer en marcha el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso. La UCE, con el apoyo de la concejalía de Educación, desarrollará un ciclo de sesiones informativas por los centros sociales de la ciudad.

Las jornadas comenzaron ayer por la tarde en El Cortijo (Corredoria) y seguirán por Ciudad Naranco (mañana a las 19.00 horas), Vallobín (14 de febrero), Argañosa (día 15) y Centro Social Cristo II (28 de febrero).

En esas sesiones, la UCE explica a los consumidores los detalles para reclamar la cláusula suelo y, también, los gastos abusivos impuestos durante los últimos años en España.

Presentado por la concejala Mercedes González, que apeló a los ciudadanos "engañados y agredidos por estas prácticas", Dacio Alonso admitió que desde la sentencia del Tribunal Europeo sobre las cláusulas suelo su organización está "desbordada". Es, explicó, "un síntoma inequívoco de que ha posibilitado que mucha gente que desconocían tener una cláusula suelo se diera cuenta". Sin embargo, no es suficiente.

Dacio Alonso lamentó que "el Gobierno en funciones que trató de presionar a Bruselas para evitar esta sentencia, defendiendo al lobby bancario y no los derechos de sus ciudadanos", haya aprobado ahora un decreto que, denuncia, "favorece a los bancos, no les obliga a comunicar la ley a sus clientes y deja a su voluntad aceptar o no las reclamaciones".

La conclusión, para la UCE, es que "todavía entre un 20 y 30 por ciento de los clientes van a seguir sin saber que tienen una cláusula de suelo". Dacio Alonso lamentó también que el decreto no incorpore un procedimiento sancionador. En su lugar sugirió que la norma simplemente tendría que haber establecido un plazo mínimo para la devolución del dinero y los intereses y la eliminación de las cláusulas.

Alonso también alertó de la necesidad de reclamar los gastos impropios que los bancos cargan a los clientes y aseguró que las entidades están engañando a los clientes al decir que muchas de las cláusulas suelo están justificadas. "No hay una sola entidad en Asturias que haya comercializado hipotecas que cumplan con los requisitos de transparencia exige el Tribunal Europeo", remató.