Como cada mañana, Jonathan Álvarez acompañó ayer a sus tres hijos al colegio. Los cuatro salieron del portal en medio de una gran expectación. "No les he dicho nada a los niños, pero ellos saben que pasa algo. Aquí tienen a todos sus amigos y para ellos sería muy duro irse", lamentaba. Una hora y media después, Jonathan había ganado la primera batalla frente al desahucio de su hogar: tiene más tiempo para poder encontrar una casa "que pueda pagar", puntualiza.
La orden de desalojo de su vivienda, en el barrio de Villafría, ha sido suspendida por el juez, y el procedimiento se demorará aproximadamente un mes. Además, los arrendadores se comprometen a no reclamarle la deuda pendiente y podrá quedarse en la casa hasta que los servicios sociales hallen una solución. Es el resultado de los contactos que la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, ha mantenido con los responsables de la empresa. "Si hubiera sido un inmueble de gestión directa pública no estaríamos en esta situación", señaló Taboada.
Las primeras palabras de Jonathan se dirigieron al centenar de personas que se concentraron frente a su casa para impedir el desalojo: "Muchas gracias a todos. No voy a olvidar lo que habéis hecho por mí", afirmó emocionado.
Desde hace tres años, Jonathan Álvarez vive con sus tres hijos en el número ocho de la calle Purita de la Riva. Es un inmueble de protección autonómica que está en manos de una gestora, tras la quiebra de la constructora que ejecutó la obra. Cada mes paga de alquiler 325 euros, a los que hay que sumar los gastos de agua y luz. Jonathan está en paro y cobra el salario social, unos 716 euros al mes, con los que tiene que mantener a sus tres hijos, de tres, seis y siete años. "Hace un año que llevo avisando a la asistenta social de que no puedo pagar. Sabía que esto iba a durar poco", aseguró.
El 29 de diciembre recibía la notificación que le comunicaba que debía abandonar el piso en el plazo de diez días: "No se lo dije a nadie para no fastidiar las Navidades. Mi familia no puede ayudarme porque no está en una buena situación. Llevo arreglándomelas sólo desde que tenía 18 años, y ahora con 37 tengo que tirar hacia adelante".
La vida de Jonathan ha dado un vuelco en los últimos años. Trabajaba conduciendo los vehículos de los servicios de limpieza para una empresa de Caravia. No era un puesto fijo, pero estaba bien posicionado para ocupar la plaza de un compañero que iba a jubilarse.
Las cosas empezaron a torcerse. "Tuve una enfermedad en el pulmón, me operaron y no podía hacer esfuerzos. Estuve un año de baja, y cuando volví me rescindieron el contrato", relata. Su mujer le dejó cuando sus hijos tenían tres meses, y tres y cuatro años, respectivamente. "Lleva dos años sin verlos y no me pasa ninguna pensión". Ahora su vida está centrada en los pequeños y no puede buscar trabajo porque no tiene con quien dejarlos. "Estuvimos un tiempo con mi abuela, pero no podía mantenernos. Ella era la única que sabía mi situación", relata.
"Es un padre coraje", asegura el portavoz de la plataforma Stop Desahucios, Miguel Ángel García, quien pide al Principado que tome cartas en el asunto. "Estos edificios se construyeron en suelo público y se dio la concesión a una empresa privada que está en quiebra, debe 40 millones de euros y no se preocupa del mantenimiento de los pisos", argumenta García.
