Cristina Pontón, portavoz municipal de IU, cargó ayer contra la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de avalar la legalidad el expediente de regulación de empleo (ERE) de Santa Bárbara Sistemas, propietaria de la Fábrica de Armas de Trubia y de la ya cerrada de la Vega. Para la edil "el ERE no fue por causas económicas o falta de trabajo, sino que se realizó para rebajar salarios".

Además, y siempre según IU, el escrito de la Fiscalía del Supremo recoge que se aprecian deficiencias en la tramitación del ERE por la falta de algunos requisitos formales. "Este reconocimiento de la falta de algunos requisitos formales se refiere a que no se hizo un listado de la gente que se iba a despedir y por tanto los trabajadores desconocían que iban a ser despedidos y no se pudieron acoger a medidas que la empresa en su momento planteaba", explicó la edil. Y añadió también que "bajo nuestro punto de vista, no se le da el peso suficiente en el informe a pesar de reconocerlo". Según Pontón, desde la aplicación del ERE hasta ahora, la empresa incorporó entre 350 y 380 trabajadores en la factoría de Trubia, por lo que no entiende que no fueran readmitidos los trabajadores despedidos.