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Dos consejeros y un poli superbueno

El enfado de Faustino Blanco ante la cesión de su sucesor a los médicos

El papel de "poli malo" puede llegar a resultar terriblemente desagradecido. Fue el que le tocó representar al anterior consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, cuando decidió aprovechar la ampliación de jornada de los empleados públicos decretada por el Gobierno central del PP, y convertir esas dos horas y media adicionales -de 35 a 37,5- en un módulo de trabajo vespertino que los profesionales sanitarios deberían realizar una tarde a la semana.

Esa medida fue uno de los detonantes de la huelga sanitaria de finales de 2012, que resultó particularmente agria en el caso de los médicos. Blanco era un convencido de que los servicios sanitarios han de funcionar por las tardes. Muy similar era la opinión de Ramón Quirós, titular de Sanidad entre 2007 y 2011. Se trata, en ambos casos, de políticos avezados a la controversia, de temperamentos que no rehúyen el choque. Faustino Blanco alumbró un acuerdo que, según aseguró entonces, beneficiaba mucho al sistema sanitario. El Sindicato Médico (SIMPA) había firmado el pacto entre sonrisas y apretones de manos, pero ya entonces surgieron en los hospitales agrias críticas a la organización sindical. "El SIMPA nos ha vendido", se proclamaba en algunos ambientes médicos.

En 2015 llegó el nuevo equipo directivo de la Consejería y situó como prioridad pacificar la relación con los facultativos. El SIMPA se convirtió en un interlocutor de referencia y puso sus demandas sobre la mesa. Fruto de esta buena sintonía es la supresión de los módulos de trabajo de las tardes. "El conflicto de 2012 no fue una cuestión personal, sino la consecuencia de una visión de política sanitaria apoyada plenamente por el Gobierno del que yo formaba parte", declaró Faustino Blanco a LA NUEVA ESPAÑA. Una afirmación que apenas logra disimular el enfado cósmico que le ha generado esta decisión de su sucesor. Y, ojo, porque detrás del "poli bueno" puede llegar el "poli superbueno" y decidir que la jornada de los empleados públicos debe volver a ser de 35 horas.

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