El concejal de Economía, Rubén Rosón, la portavoz de IU, Cristina Pontón, y la concejala del PSOE Ana Rivas ofrecieron ayer declaraciones conjuntas para analizar la sentencia del TSJA que obliga al Ayuntamiento a contratar a 29 trabajadores de La Auxiliar de Recaudación al entender que se dio una sucesión de empresas con la remunicipalización del servicio.
El equipo de gobierno no aclaró todavía si recurrirá o no al Supremo -"estamos analizándolo", explicó Rosón- pero sí adelantó que han empezado a estudiar cómo integrar en el servicio a los 29 trabajadores y que asumir estos puestos de trabajo llevará a modificar el presupuesto en aproximadamente un millón de euros.
Rubén Rosón también admitió que estos puestos de trabajo son "posiblemente necesarios" para que el servicio funcione con normalidad.
El equipo de gobierno descartó, no obstante, anular el convenio con el Principado por el que el Ente Público de Servicios Tributarios se encarga de la gestión del veinte por ciento de los impuestos locales. Según el concejal de Economía, resulta más ventajoso continuar con el convenio durante cuatro años por la capacidad que tiene el Principado para reclamar las deudas por la vía ejecutiva en otros concejos donde también se encarga de este servicio.
Los tres grupos insistieron, no obstante, en que la incorporación de los trabajadores consolida el cambio a lo público del servicio de Recaudación, ahora con el volumen de personal previsto inicialmente.
