Más de un millar de consumidores ovetenses han reclamado ya las cláusulas de suelo incluidas en sus hipotecas. Las 1.060 demandas presentadas desde la capital del Principado suponen el 37,85% de las 2.800 formalizadas en toda la región por la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias), que celebra que sean cada vez más quienes se animan a denunciar los abusos cometidos por la banca. Los ciudadanos elevan sus solicitudes amparados por la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, explica Dacio Alonso, presidente de la organización, "condena a los bancos y cajas que comercializaron hipotecas con cláusula suelo a devolver todo lo cobrado de forma abusiva". Y denuncia que pese a los avances, la legislación española aún está más enfocada a "ayudar a los bancos y no a las familias". Las leyes nacionales, considera, "permiten toda arbitrariedad a la hora de decidir a qué clientes se les anula la cláusula" y "carece de procedimiento sancionador ante el incumplimiento de los bancos".

A las reclamaciones presentadas a través de la organización de consumidores hay que sumar las de aquellos que han puesto su caso en manos de un abogado y se han decidido a reclamar por su cuenta. El mes pasado, además, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), propuso que todas las demandas asturianas relacionadas con las cláusulas suelo se gestionen en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo. Una decisión que aún está pendiente de recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, señala Dacio Alonso, provocará el "colapso" de la sala debido al elevado volumen de reclamaciones de este tipo en la región. Con 325 casos, la Caja Rural encabeza la lista de entidades contra la que se han abierto más procesos desde UCE Asturias en Oviedo. Le siguen el Sabadell-Herrero con 310, el Popular con 110 y Liberbank con 82.

Según los números que maneja la organización, tras eliminar la cláusula suelo la cuota mensual de la hipoteca se reduce entre 150 y 300 euros de media. No obstante, hay otros apartados que se pueden reclamar, como los gastos derivados de la firma. Se trata de la notaría, el registro, los impuestos de actos jurídicos documentados y los honorarios de la gestoría. Para una hipoteca de unos 150.000 euros se calcula que todos estos trámites de formación pueden alcanzar unos 4.200 euros que, denuncia UCE-Asturias, deberían asumir las entidades bancarias pero que se han repercutido a los clientes.

A la hora de comenzar un proceso de reclamación, ya sea a iniciativa del afectado o después de que el banco le contacte para tratar de alcanzar un acuerdo, la organización de consumidores recomienda siempre contar con asesoramiento. La propia UCE-Asturias ofrece este tipo de servicio, pero los reclamantes pueden también llevar el proceso por su cuenta con el apoyo de profesionales externos a la Unión de Consumidores. Antes de llegar a la vía judicial, recomiendan establecer un diálogo con la entidad bancaria y no firmar ningún documento sin contar primero con la opinión de un experto.