El Ayuntamiento elevará el mínimo marcado para empezar a aplicar el IBI para ricos. A partir del año que viene sólo los inmuebles con un valor catastral superior a los dos millones de euros estarán obligados a abonar el tributo destinado a las grandes fortunas de la ciudad. La barrera está fijada este año en el millón de euros, pero el equipo de gobierno tiene previsto modificar la ordenanza para evitar que el IBI diferencial vuelva a afectar a varias comunidades de vecinos de Oviedo.
Al menos esos son los planes del concejal de Economía, Rubén Rosón, que ayer se reunió con la administradora de una comunidad de vecinos de Teatinos que tiene un garaje afectado por el IBI para ricos, un tributo que según el tripartito no iba a afectar a ningún vecino de la ciudad y que sólo estaba dirigido a empresas privadas, grandes superficies comerciales, constructoras, inmobiliarias o corporaciones. La rectificación del tripartito llega después de las protestas vecinales de las que se ha venido haciendo eco este diario.
El Ayuntamiento ya sabía desde finales del año pasado que el IBI destinado a las grandes fortunas también iba a recaer sobre algunas comunidades que no tenían hecha la división horizontal de los garajes, aquellos que figuran en el catastro con valores superiores al millón de euros.
Bajar el listón para dejar fuera a esas comunidades -que es justo lo que se contempla hacer ahora- habría supuesto excluir también a buena parte de esas "grandes fortunas" a las que se pretendía gravar. Rubén Rosón habría defendido entonces como un mal menor que hubiese vecinos afectados frente a la merma considerable en la recaudación extra que el Consistorio pretendía ingresar con este "súper-IBI". "Nos aseguró que el año que viene no iba a volver a pasar. Cuando le dije que se había equivocado al afirmar que el impuesto no iba a afectar a los vecinos no lo admitió directamente, pero tampoco me quitó la razón", explica Carmen González, que ayer asistió a la reunión con el edil de Economía como representante de 199 ciudadanos ovetenses.
Pero antes de llegar al año que viene, los vecinos quieren saber qué es lo que va a pasar con el incremento que les exigen en el recibo de la contribución. El recibo de cada uno de los afectados -ellos aseguran que son más de quinientos- subirá casi un setenta por ciento, a efectos prácticos entre cuarenta y setenta euros, en función de cada comunidad. En el caso de la que administra Carmen González esa subida global -esos edificios reciben un único recibo por garaje- ronda los 7.000 euros. "Le expliqué que nosotros no íbamos a pagar ese dinero porque no lo consideramos justo y él -por Rosón- me dijo que antes del viernes de la próxima semana nos iba a llamar para ofrecernos una solución", señala González. Las palabras de Rosón y su decisión de bajar el baremo contrastan con las declaraciones, un día antes, del Alcalde, que admitía que no había alternativas para los garajes afectados.
Por un lado los vecinos consideran que no deben pagar el IBI para ricos porque en sus garajes, "que no son negocios ni empresas", recalca, no hay actividad comercial. Pero la razón con más peso para no abonar el impuesto, según defienden, radica en que el Ayuntamiento cometió un error administrativo al no haber publicado en su momento las modificaciones efectuadas en la ordenanza fiscal en uno de los diarios de mayor difusión, un requisito necesario para cumplir con la Ley del Procedimiento Administrativo Común. "Le advertí de que ese fallo es determinante y de la alta probabilidad de que la ordenanza se declarase nula. Tampoco me negó que se había equivocado, aunque no lo dijo con esas palabras", recalca Carmen González.
Los vecinos aún no han presentado recursos contra la ordenanza, pero tienen previsto hacerlo. Los que sí lo han hecho han sido muchos de esos grandes propietarios afectados por el impuesto. Los juristas consultados por este diario aseguran que, según están las cosas, la ordenanza tiene "todas las papeletas" para ser anulada. En ese caso el Consistorio dejaría de ingresar esos tres millones extra. Y si se llega a juicio, lo más probable es que el Ayuntamiento tenga que devolver ese dinero con intereses.
