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El PP acusa al tripartito de "vulnerar la legalidad" encargando las fiestas a la SOF

El gobierno alerta de que una denuncia pondría en peligro las fiestas y los populares critican el blindaje a los nuevos chiringuitos "de amiguetes"

"El tripartito se declara conscientemente en rebeldía ante la legalidad". Esa es la valoración que hace la concejala del PP Belén Fernández Acevedo sobre el anuncio del equipo de gobierno de mantener el encargo de la organización de San Mateo a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), a pesar de la existencia de un informe del secretario municipal que califica el convenio entre el Consistorio y la sociedad como "no conforme a derecho". Los populares critican que el Ayuntamiento "tire para adelante" frente al criterio de los técnicos y sólo asuma la gestión de la adjudicación de los chiringuitos y casetas, dejando el resto de la programación en manos de la sociedad, cuando todavía hay muchos contratos pendientes de ser firmados. El gobierno, por su parte, se reafirma en que su decisión busca "salvar las fiestas" y advierten de que en caso de haber alguna denuncia, se pondrá en peligro a las celebraciones.

Fernández Acevedo, que fue presidenta de la SOF entre 2003 y 2015 sostiene que el ejecutivo local conocía desde principios de año la postura de los técnicos y aun así no buscó alternativa para la organización de las fiestas. "Desde febrero hasta agosto no hicieron nada", critica la edil popular, que acusa al tripartito de "tirar para adelante, vulnerando la legalidad" y exponiéndose a la "implicación penal que ello pueda conllevar".

Del mismo modo, la edil reprocha que se aplace a 2018 una solución definitiva para la gestión regular de los festejos, cuando, sostiene, todavía están a tiempo de que el Ayuntamiento asuma el grueso de la organización de San Mateo. "Tiempo tienen para ello, ya que todavía no hay nada adjudicado", indica, al mismo tiempo que critica "la obsesión muy llamativa" de regularizar la adjudicación de los chiringuitos y casetas denunciados el año pasado por los populares. "Asumen la ilegalidad de lo fundamental y buscan dar cobertura legal a los chiringuitos de sus amiguetes", defiende la expresidenta de la SOF, que avisa de la posibilidad de que su grupo presente "recursos legales" si la adjudicación de los espacios hosteleros no se realiza bajo los principios de libre concurrencia e igual de condiciones.

Por su parte, el concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos "Rivi", aseguró ayer que no existe temor por parte del gobierno de que la decisión de que la SOF continúe con la organización de las fiestas de San Mateo pueda traerles consecuencias legales. "En caso de que exista una denuncia lo que se pondrá en peligro son las fiestas y no a los concejales", avisa ante la posibilidad de que la oposición interponga una demanda como ocurrió el pasado año con la adjudicación de los chiringuitos, que finalmente no prosperó por un aspecto formal. No obstante, Sánchez Ramos sospecha que ningún grupo tiene intención de llevar las celebraciones a los tribunales. "Todos los partidos tienen representación en la SOF y hasta la fecha no existió ninguna denuncia política en los órganos correspondientes", recuerda, al mismo tiempo que justifica que la decisión sobre el futuro de los festejos no tuviera lugar hasta un mes antes de San Mateo. "Fui yo el que encargó el informe jurídico en enero, pero no lo recibí hasta hace escasas fechas", subraya.

Rivi culpa de la situación irregular actual a la "ficción jurídica" que achaca a las modificaciones legales llevadas a cabo por el PP en los últimos años y para los cuales aboga por una solución basada en "la realidad política", pues sostiene que la SOF es "un instrumento municipal de facto" desde hace 40 años.

En la misma línea se pronuncia el grupo socialista en el Ayuntamiento ovetense, que cree que la decisión de que la SOF organice este año el grueso del programa de San Mateo es la más acertada. "Nunca se tiene un 100% de seguridad jurídica, pero hicimos lo correcto para salvar los festejos", declaró ayer la portavoz socialista y alcaldesa en funciones durante las vacaciones de Wenceslao López. Aunque reconoció "el riesgo de denuncia", Rivas explicó que no vería lógico que fuera la oposición quien la interpusiera. "Se denunciaría una actuación que lleva 32 años haciéndose", indicó.

Los socialistas creen que el acuerdo alcanzado con sus socios de gobierno cumple con sus aspiraciones de "dar una solución jurídica" a los festejos, atendiendo al "interés general" de que las fiestas puedan desarrollarse con toda normalidad. "Hemos tomado medidas con bastante inmediatez y celeridad", declara Ana Rivas sobre el compromiso común de los tres grupos diseñar un nuevo modelo de organización de las fiestas de cara a 2018.

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