La alerta sobre las carencias contra incendios del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo Las primeras señales de humo se vieron en el Ayuntamiento hace más de un año. Un informe fechado el día 16 de mayo de 2016 y encargado a Premap, consultora especializada en la prevención de riesgos laborales, ya advertía de numerosos defectos en todas y cada una de las plantas del recinto de la plaza del Fresno, tanto en puertas, escaleras o barandillas, como en las rampas o la sectorización. Ese análisis formaba parte de una revisión del plan de autoprotección del inmueble, impulsada desde el área de Economía y Turismo, a cuyo frente está Rubén Rosón (Somos). Pese a la contundencia de sus conclusiones, no motivó la adopción de medidas concretas en un edificio que abrió sus puertas en 1999, tras una enorme polémica sobre sus condiciones de seguridad que solo zanjaría una sentencia judicial. El juez, frente a la petición de cierre por parte del Ejecutivo regional de Sergio Marqués, avaló la entrada en servicio del equipamiento en base a informes municipales, de la Delegación del Gobierno y de la dirección de obra.
Lo que sí despertaron los técnicos de Premap fueron "dudas" en la Administración local, según reconoce en un informe interno la arquitecta municipal Mercedes Sánchez Arbesú, adjunta a la jefatura de servicio para Edificios y Patrimonio, un departamento que depende de la concejalía de Infraestructuras que dirige la socialista Ana Rivas. Así, este área decide, ya en marzo de este año, abrir el proceso para contratar externamente un informe sobre las condiciones de protección contra incendios del Auditorio. La propia Arbesú sostiene que ese trabajo era necesario para "poder delimitar con claridad tanto la normativa de obligado cumplimiento en función de las fechas de construcción del edificio, como la concreción de los requisitos exigibles en dicha normativa".
El informe fue encargado el pasado 9 de junio a José Luis Pérez-Lozao Macías, asesor del Colegio de Arquitectos, y su demoledor contenido entró en el Ayuntamiento un par de meses después, concretamente el 14 de agosto. El experto pone de manifiesto un cúmulo de carencias, que van desde la compartimentación o la evacuación de los ocupantes hasta el mal comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales. Así, por poner un par de ejemplos, Pérez-Lozao advierte de que las salidas únicamente son aptas, por su dimensión, para evacuar al 79% del aforo del edificio, o que la cubierta inclinada de chapa no resistiría las llamas.
En base a este análisis, Sánchez Arbesú firma el 18 de agosto un informe en el que concluye que, a la vista de las deficiencias detectadas, el Auditorio es "inseguro en caso de incendio" y que su "actual uso resulta incompatible con la necesaria protección de los ocupantes" si se presenta una emergencia de esas características.
La arquitecta municipal redacta el informe para la concejala Ana Rivas, aunque también le llega al alcalde, Wenceslao López (PSOE). Numerosos concejales del tripartito, y todos los de la oposición, desconocían el documento cuando, el pasado martes, una filtración permitió que transcendiesen públicamente las alertas sobre la situación del Auditorio. Ese mismo día, el regidor desveló que el viernes anterior había firmado una resolución dando cuenta del problema e incluyendo un plan de acción en el que figura la "planificación y ejecución de la clausura temporal de las partes del edificio que no son seguras".
A menos de un mes vista del concierto de la Fundación Princesa de Asturias, previsto para el día 19, y con decenas de actividades programadas en el recinto, entre ellas el inicio de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), la crisis del Auditorio desata una enorme polémica política y social. Siguiendo la hora de ruta de su resolución del día 22, Wenceslao López convocó el pasado viernes una mesa de trabajo con políticos y técnicos para analizar la situación y tomar decisiones sobre un posible cierre, al menos parcial, de las instalaciones.
A la vista de los informes y de las opiniones técnicas, los ediles de PSOE e IU, estaban por la labor de cerrar ya el Auditorio, mientras que los de Somos se decantaban por la búsqueda de alternativas que evitasen esa clausura. Al final, la decisión se pospuso a la semana que se inicia mañana, cuando ya se espera contar con el informe de la jefa de Bomberos, Carmen Prado. Además, de forma paralela, la Junta de Gobierno también acordó el viernes contratar a José Luis Pérez-Lozao un estudio sobre los usos que podría acoger el inmueble en el caso de que no sea necesario proceder al cierre total.
A la espera de conocer la decisión definitiva del tripartito, la pregunta que sobrevuela el Auditorio es cómo fue posible que permaneciese abierto y a pleno rendimiento desde 1999 si son ciertas tales deficiencias. El equipamiento entró en servicio con las bendiciones técnicas municipales, pero no del Principado, presidido entonces por Sergio Marqués y en pleno enfrentamiento con Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente del Ejecutivo de Aznar, y Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo. La Administración autonómica fracasó en su intento de forzar el cierre judicial del edificio por sus carencias contra incendios, ya que, para el magistrado, se basó en "sospechas".
Después, el Auditorio fue superando todos los planes de autoprotección en materia de seguridad. Sin embargo, técnicos municipales apuntaron en la reunión del viernes que esos planes se basaron en planos de la construcción diseñada por el arquitecto Rafael Beca que no se corresponden con la realidad.
