Un centenar de permisos para instalar antenas de telefonía móvil en edificios de la ciudad aguarda turno en el departamento de licencias, en un atasco que engorda sin remedio desde 2011. Para intentar resolverlo, el área de Urbanismo va a incorporar de manera inmediata a tres personas para que se encarguen, durante seis meses, de desbloquear el centenar de licencias para cambios o instalación de antenas en edificios que están paralizadas desde 2011. Fuentes del departamento que dirige Ignacio Fernández del Páramo (Somos) confirman que esta medida forma parte del plan de choque anunciado en verano para acabar con el colapso general en el área de licencias, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, y que ha llegado a paralizar ocho promociones de viviendas en el municipio, con tiempos de tramitación por encima del año.
Además de la incorporación de 13 trabajadores al departamento, entre los que se cuentan estos tres específicos para poner al día las licencias relativas a las antenas, el plan incluye otras medidas con el objetivo de lograr que el año que viene este trámite municipal se convierta en instantáneo. Así, Del Páramo ha planteado poner en servicio un sistema informático que permita autorizar las obras menores de una manera automática, la aplicación de la firma biométrica y un avanzado programa de citas previas, para, entre otras cosas, evitar las colas de más de dos horas que se han registrado ante los mostradores municipales de Urbanismo.
El resto de refuerzos previstos por el paquete de medidas anunciado por el concejal del área el pasado 19 de julio afectarían a otras áreas, pero igualmente buscarían liberar de trabajo a la limitada plantilla actual, que según el propio tripartito tiene sin cubrir 30 plazas de las previstas por la RPT para el área. A los tres contratados para los permisos de las antes se sumarían cuatro aparejadores, un arquitecto y un jurídico ínterinos, así como cinco personas que ya fueron incorporadas en prácticas para cubrir la merma que supusieron las bajas por jubilación registradas recientemente en el servicio.
No obstante, en Urbanismo consideran que las necesidades del área van más allá y, además de la imperioso urgencia de generar "empleo cualificado y de calidad", muestran su pretensión de nombrar a un cargo directivo que, en palabras del propio edil, "lidere las descabezadas áreas Urbanismo y Medio Ambiente. Propuesta que, al menos de momento, parece aparcada por las discrepancias existentes en el seno del gobierno local respecto a la designación "a dedo" de este tipo de cargos.
Según los datos facilitados por el tripartito, el Ayuntamiento contaba antes de este "plan de choque" contra los retrasos con un total de 14.778 expedientes de licencias sin concluir y que acumulaban una antigüedad superior a los cinco años. El actual Gobierno municipal culpa a sus antecesores en el ayuntamiento ovetense de un atasco que abarca desde los permisos de obra menor y mayor, hasta la colocación de antenas. En este último apartado, fuentes municipales aseguran que la gran mayoría de los expedientes paralizados provienen de la época en la que Agustín Iglesias Caunedo era alcalde.
El PP, por boca de su edil José Ramón Pando, que llevó Urbanismo durante el pasado mandato, ya ha rechazado que el tripartito le impute esa mala gestión. Es más, acusó a del Páramo de incurrir en "contradicciones, improvisación y manipulación de datos". Y es que, para Pando, durante su etapa al frente del área, las cosas funcionaban mejor a pesar de contar con menos personal.
El caso es que la demora en la obtención de permisos de apertura y de obras ha generado un cúmulo de protestas e importantes perjucios para diferentes campos de la economía local. El sector de la hostelería lamentó una "situación de inseguridad jurídica" que se sostiene gracias a una cierta pasividad de la Policía Local. Los constructores, por su lado, alertaron de que la situación de colapso paró ocho promociones en el concejo, con un total de 250 viviendas. "Se permite iniciar los trabajos, pero una vez acabados la licencia sigue sin llegar y si pasa algo podríamos enfrentarnos a consecuencias legales", denunció un representante del sector a este diario.
