La presidenta de la comisión municipal de investigación del "caso Aquagest", Ana Taboada, hizo pública ayer su propuesta de conclusiones en la que hace principal responsable político al exalcalde Agustín Iglesias Caunedo, de "prácticas oscuras y contrarias al interés público". El documento concluye que, con la devolución del aval a la filial de Aquagest que gestionó los impuestos de Oviedo, se produjo un quebranto de las arcas públicas que cifra en al menos 166.000 euros, y del que responsabiliza tanto al exalcalde como al interventor.

Aunque la propuesta todavía tiene que ser aprobada en comisión y votada en el pleno, en las recomendaciones finales Taboada propone trasladar de inmediato las conclusiones al juzgado de Lugo donde se investigan los mismos hechos como pieza separada del "caso Pokémon" y donde Caunedo está imputado, y abre la puerta, también, a que el Ayuntamiento pueda iniciar otra causa, esta ante el Tribunal de Cuentas, por responsabilidad contable de Caunedo.

"Asimismo", explica la propuesta de conclusiones, "se recomienda valorar la posible responsabilidad contable por alcance, debiendo estudiarse su procedencia, momento de inicio del correspondiente expediente en su caso, etcétera".

El relato de las conclusiones viene a dar por buena la idea de que hubo una relación directa entre el cambio de criterio técnico y la aparición de un nuevo informe del interventor recomendando devolver el aval con los regalos en forma de viajes que la empresa habría pagado al entonces concejal de Economía Agustín Iglesias Caunedo, algo que el líder de los populares ha negado siempre de forma tajante. El documento se refiere, en concreto a "indicios muy fundados de la entrega de dádivas y gastos de viajes, así como contrataciones de familiares de políticos y funcionarios municipales" por parte de una unión temporal de empresas, todo ello con anterioridad a la emisión de un informe favorable a la devolución de un aval a la misma entidad por importe de casi 800.000 euros. Taboada precisa en sus conclusiones que "el cambio de informe del Interventor se produce tan sólo un día hábil después (lunes, 16 de febrero de 2009) de que se reincorporara al Ayuntamiento el entonces concejal de Economía (viernes, 13 de febrero) tras viajar de vuelta la noche anterior (jueves, 12 de febrero, como indica el billete de regreso)" e insiste en que en su comparecencia Caunedo "no pudo oponer prueba documental contra la acreditación de pago de terceros".

De todas estas "decisiones erróneas", dice la propuesta de conclusiones, "carentes de justificación" y que han causado "quebranto de las arcas públicas", como subrayó ayer la propia Taboada en unas declaraciones, las conclusiones culpan a dos personas, a Caunedo y al interventor del Ayuntamiento, José Luis González.

Además de enviar al juzgado la investigación y de abrir la puerta a una hipotética denuncia ante el Tribunal de Cuentas, las conclusiones también recomiendan algún tipo de acción disciplinaria que, en principio, afectaría al Interventor. Así, el texto, tras responsabilizar políticamente a Caunedo, detalla que se llega a esa conclusión "con independencia del pertinente reproche técnico sobre la actuación de los funcionarios intervinientes y los efectos disciplinarios y/o judiciales que se pudieran, en su caso, derivar, aunque resulten ajenas a la competencia de esta Comisión pero que ésta estima que sería bueno aclarar oportunamente en tales ámbitos".

El apartado de recomendaciones se detiene también en pedir una serie de modificaciones en el reglamento interno a la hora de tramitar los contratos, pide más cautela cuando se modifiquen condiciones o se vayan a devolver avales, como en este caso. Pero también eleva otra propuesta, ésta dirigida a la Administración central y motivada por la negativa a prestar declaración de varios convocados, como el exalcalde y actual Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo. Así, insta al Gobierno central a realizar las modificaciones necesarias en la legislación para que las comparecencias en las comisiones de investigación de las entidades locales sean obligatorias, al igual que sucede con las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de los Parlamentos autonómicos.