El Ayuntamiento de Oviedo ha decidido apagar los radares fijos que hay repartidos por la ciudad tras recibir una nueva sentencia judicial que declara que sus multas no se ajustan a derecho. En esta ocasión, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Oviedo ha dado la razón a una conductora que fue sancionada por exceso de velocidad en el Bulevar de Santullano y que alegó en su defensa que las cabinas en las que se coloca el cinemómetro -sólo existe un aparato que va rotando por los seis soportes habilitados en diferentes puntos del municipio- no cuentan con el certificado exigido para garantizar su fiabilidad.

A grandes rasgos, el magistrado Miguel Ángel Carbajo refleja en la sentencia que las cajas en las que se instala el radar han de contar con un certificado de revisión periódica emitido por el Centro Español de Metrología, un informe que garantice que las mediciones se realizan de manera fiable. En Oviedo se llevan poniendo multas sin contar con esa homologación desde el año 2012. "El titular del cinemómetro en servicio, así como el de la cabina que le sirva de soporte y protección en un emplazamiento fijo, estará obligado a solicitar anualmente la verificación de los cinemómetros y cada seis años de las cabinas donde se ubican", recoge la sentencia. La certificación del buen estado de la cabina "se hará constar en lugar visible de la misma con una etiqueta de verificación", señalan los jueces.

"Las cabinas vienen con una certificación que se otorga a la hora de instalarlas y hasta ahora hemos funcionado con la convicción de que jurídicamente era suficiente como para poder llevar a cabo el proceso sancionador. Es un asunto de interpretación jurídica, pero ante la duda hemos decidido suspender cautelarmente la actividad de los llamados radares fijos hasta que contemos con una garantía para no tener que seguir perdiendo en los juzgados", explica el concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández, que no se atreve a fijar una fecha para restablecer la normalidad. "Lo que haremos ahora será conseguir que cada una de las cajas reciba esa verificación. Lo haremos en el menor tiempo posible, pero es difícil decir para cuándo estará todo en orden", añade el edil. El radar móvil y los llamados fotorrojos -los aparatos que detectan a los coches que se saltan los semáforos- seguirán funcionando.

Esta no es la primera sentencia que declara ilegales las multas por exceso de velocidad emitidas en función de las mediciones del radar que rota por las seis cajas que hay en la ciudad. Como publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en marzo de este año, existen al menos cuatro fallos similares emitidos por distintos juzgados de lo contencioso-administrativo de la ciudad a los que ha tenido acceso este periódico, unas sentencias que obligan al Ayuntamiento a anular multas que rondan los 300 euros e implican la retirada de entre dos y cuatro puntos del carnet de conducir. El titular del despacho Moreno Fernández Abogados, Luis Moreno, es quien está logrando conseguir esas sentencias favorables a los conductores, entre ellas la que ha hecho al Ayuntamiento tomar la decisión de apagar los radares. Según sostiene el abogado, "ya hay diez fallos que nos dan la razón y seguramente habrá más porque hasta ahora no hemos perdido ninguno de los casos".

El Ayuntamiento llegó a desactivar el radar del Bulevar de Santullano cuando las primeras sentencias salieron a la luz, pero el aparato empezó a funcionar de nuevo unas semanas más tarde al entender los responsables del área de Seguridad Ciudadana que los informes recibidos en ese momento por parte del Centro Español de Metrología eran suficientes como para garantizar su legalidad. "Repito que los técnicos siempre pensaron que las cosas estaban en orden y que por eso se actuó así. Durante este último juicio intentamos aportar más claridad que en los anteriores procedimientos a la hora de fundamentar y explicar nuestra postura , pero el magistrado ha hecho su interpretación y no tiene objeto seguir discutiendo para mantener una situación que nos puede llevar a una inseguridad jurídica", dice Fernández.

Lo sucedido en los tribunales, según el abogado Luis Moreno, podría traer consigo "infinidad" de reclamaciones de conductores que han sido multados por los radares desde el año 2012. Sólo hasta marzo de este año, esos aparatos habían sancionado económicamente a 11.333 personas. "La vía del recurso está abierta siempre para los ciudadanos. No obstante, habría que analizar cada caso en particular y las pruebas que aporta cada conductor, por eso no puede hablarse de una reclamación generalizada", subraya Ricardo Fernández.