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Los radares de Oviedo vuelven a multar tras avalar la justicia su funcionamiento

Los tribunales desestiman el recurso de un conductor que circulaba a 89 km/h en La Florida "Ahora tienen respaldo", dice el edil de Seguridad

Los radares de Oviedo vuelven a multar tras avalar la justicia su funcionamiento

Los radares de Oviedo volverá a poner multas de forma inmediata después de dos meses desconectados por no contar con la homologación pertinente, según había dictaminado la justicia. Sin embargo, una vez que el Ayuntamiento hubo aportado nueva documentación, otro pronunciamiento judicial da barniz de legalidad a los cinemómetros instalados en la ciudad. El concejal de Seguridad, Ricardo Fernández (PSOE), ha dado orden de ponerlos en funcionamiento.

La sentencia que favorece ahora al Ayuntamiento es del Juzgado de lo Contencioso nº 6 de Oviedo, que ha desestimado el recurso de un conductor multado en enero de este año al ser captado por un radar cuando circulaba por el paseo de La Florida -una vía con limitación de 50 kilómetros por hora- a 89. La magistrada echa por tierra los argumentos del recurrente, entre ellos el que cuestiona la veracidad de la medición del radar y su homologación. En vista del fallo judicial, el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo considera que los radares, fijos y móviles, quedan avalados como "un medio legítimo de control de velocidad" y que puede seguir utilizándolos para perseguir a los infractores.

El concejal de Seguridad Ciudadana no concreta cuándo encenderán los radares pero advierte de que "todo el mundo debe saber que ya pueden estar funcionando y que cuentan con respaldo jurídico.

Los radares repartidos por la ciudad, tanto los fijos como el cinemómetro móvil, llevan apagados desde el pasado 23 de octubre, cuando el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Oviedo falló a favor de un conductor multado, que alegó en su defensa que el radar móvil no tenía certificada su fiabilidad.

"Todas las garantías"

La concejalía de Seguridad Ciudadana subsanó aquella deficiencia encomendando al Centro Estatal de Metrología (CEM) la verificación de los aparatos de medición y de las cabinas en las que se instalan y, cumplido ese requisito, la jueza de esta nueva causa ha considerado que la prueba captada por el radar es perfectamente válida. Ricardo Fernández afirma que el control de la velocidad utilizando radares es "un medio coercitivo que la Administración tiene que utilizar con todas las garantías".

Su Concejalía está pendiente de la resolución de un par de recursos más en el mismo sentido que el que acaba de ser resuelto, aunque Fernández se muestra confiado, porque la argumentación en contra de la validez de las mediciones de los radares es similar a la del conductor de La Florida. Contra el fallo ya no cabe recurso alguno.

El Centro Español de Metrología, que es el organismo que supuestamente se habría encargado de validar las seis cabinas instaladas en Oviedo, en el año 2012, notificó el pasado mes de febrero que el Ayuntamiento no estaba obligado a solicitar la verificación de los soportes del cinemómetro hasta el año que viene. Sin embargo, los jueces le requirieron la validación y el Ayuntamiento recibió el nuevo informe del CEM unos meses atrás. La primera vez que echó mano de esa documentación fue precisamente en el contencioso abierto por el conductor que presentó el recurso que ahora acaba de trascender.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo niega que la Administración se mueva por "afán recaudatorio" en la determinación del Ayuntamiento de Oviedo de aplicar los radares para controlar las infracciones en el límite de velocidad y considera que multar a alguien que circula a 89 kilómetros por una vía urbana en la que no se pueden superar los 50 está sobradamente justificado.

Prevaricación

El pasado mes de octubre, después d e haber encargado el informe al CEM, desde Seguridad Ciudadana ya manifestaban su convencimiento de que los radares para controlar la velocidad del tráfico en la ciudad estarían en funcionamiento de nuevo antes de que finalizara este año.

El concejal Ricardo Fernández llegó a enfrentarse a una denuncia por prevaricación, después de las sentencias que anularon varias multas, cuando aún no se disponía del nuevo informe del Centro de Metrología. El Juzgado archivó la demanda a principios de este año.

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