Desde el Partido Popular preguntamos en la Comisión de Atención a las Personas y Participación Ciudadana sobre el número de expedientes abiertos por infracciones o las sanciones impuestas por la Policía Local que habían prescrito en los años 2016 y 2107. En el informe que da respuesta a nuestra pregunta se dice que en ese periodo se han producido un total de 1.744 procedimientos (1.487 prescripciones y 258 caducados) que suman un importe de 358.920 €.
358.920 € que el municipio ha dejado de ingresar por la incapacidad política del Concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, incapaz de gestionar el asunto de las sanciones con la diligencia exigible al responsable de este área.
En la misma Comisión preguntábamos sobre si durante el periodo en que se puso en duda la homologación de los radares, los dispositivos realizaban fotos o no. El informe realizado expone que el radar móvil estuvo en permanente funcionamiento, salvo en los periodos de paro necesarios para la obtención de las verificaciones periódicas, y que el servicio nunca puso en duda que el cinemómetro y las cabinas que lo sustentan hubiesen incumplido en ningún momento la normativa vigente, tanto en lo referido a la homologación como a las certificaciones de las verificaciones periódicas exigibles a los mismos.
No salimos de nuestro asombro, pues el edil nos había dicho en una respuesta anterior que el radar móvil había dejado de funcionar desde el día 23 de octubre. Tras el informe de la Policía queda claro que el Concejal de Seguridad Ciudadana no dijo la verdad y que no respeta el trabajo que se realiza en las comisiones, que es lo mismo que decir, que no le gusta ni se toma en serio lo de rendir cuentas de su trabajo a la oposición (al 50% de los ovetenses). Esta actitud es muy grave y constata, una vez más, el desprecio con el que trabaja el tripartito cuando no está de cara a la galería.
