A la puerta del juzgado, mientras se celebraba la vista del juicio por el incendio de Uría 58, los compañeros de Eloy Palacio, el bombero fallecido en el fuego, se movilizaron y emitieron un comunicado en el que exigieron de nuevo, tras las críticas del jueves, la dimisión del Concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, por no reconocer que el bombero murió en un accidente laboral y no por un exceso de celo.
Los compañeros de Eloy Palacio reclaman, además, "que se restablezca el honor y la profesionalidad" de su compañero. En su comunicado también denunciaron una larga lista de problemas en el servicio, como el envejecimiento de la plantilla, la falta de reconocimiento de las enfermedades profesionales, la desigualdad retributiva entre las tres categorías existentes o la falta de revisión de la situación de los hidrantes. Los bomberos concluyen que, a pesar de que el concejal ha declarado que no tiene "una varita" para cambiar de un día para otro los problemas del cuerpo, el problema es que lleva ya tres años al frente del área de Seguridad, conociendo las denuncias sin tomar ninguna medida.
Por otra parte, el concejal del PP Gerardo Antuña censuró ayer las palabras que el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, dirigió el jueves a un grupo de bomberos que intentó boicotear los actos del patrón del cuerpo. Ante las críticas y las protestas Fernández declaró: "No me voy a acojonar". Según Antuña, que destacó cómo el PP "siempre abogó por el diálogo dentro del cuerpo de Bomberos", las palabras del edil socialista "no son formas de dirigirse a los trabajadores".
"Podrían haber pedido autorización y a lo mejor lo hubiéramos autorizado". La frase es del exjefe de Bomberos de Oviedo, José Manuel Torres, la pronunció ayer, durante el juicio por la indemnización a la familia del bombero Eloy Palacio, en uno de los momentos más tensos del interrogatorio. Y aunque con ella pretendía incidir en que tanto el bombero fallecido en el incendio de Uría 58 como su compañero accidentado no seguían órdenes cuando bajaron a la cubierta del edifico, antes de su desplome, en su contenido admite la posibilidad de que era algo razonable, o que él, al menos, podría haber autorizado, una actuación considerada voluntaria, excesiva, y temeraria por parte de la aseguradora del Ayuntamiento.
La literalidad de la declaración de Torres resulta algo contradictoria, de hecho, con la declaración del inspector Luis Díaz Montes, el último mando que habló con Eloy Palacio antes de que él y su compañero Juan Carlos Fernández "Cuni", regresaran al brazo y subieran al edificio. Porque Díaz Montes asegura que, efectivamente, Palacio sí pidió autorización. O, al menos, le indicó que iba a bajar a apagar unos archivadores, a lo que, sin embargo, el inspector le dijo que no, que no bajara y que permaneciera anclado atacando desde el exterior.
El juzgado de lo social número 2 de Oviedo dejó en todo caso visto para sentencia el juicio. Aunque ambas partes, la viuda e hijos del bombero y la aseguradora del Ayuntamiento, Zúrich, apuraron hasta el último momento y en los pasillos del juzgado una negociación para evitar el juicio, la vista se celebró finalmente durante cinco horas y en ella quedó fijada la cuantía de la indemnización en disputa: 397.807,64 euros.
En la vista se volvieron a repetir argumentos escuchados en otros procedimientos, como la demanda penal que se archivó. Los compañeros de Eloy Palacio, entre ellos el compañero que sufrió el accidente cuando se desplomó el edificio, Juan Carlos Fernández "Cuni", insistieron en que no recibieron órdenes expresas de que no se bajaran de la cesta y trataran de apagar los focos que quedaban en la parte superior del edificio trabajando directamente sobre la cubierta.
El testimonio de tres mandos de bomberos, Jose Manuel Torres, Juan José Puente y Luis Díaz Montes, fue en sentido contrario. Hubo una orden de acometer desde fuera el incendio, que seguía vigente cuando los dos bomberos se bajaron de la cesta y accedieron a la parte superior del edificio sin estar anclados a la cesta. No obstante, del testimonio de los mandos sí se puede concluir que no había ningún responsable de la dirección del operativo que estuviera presente en la zona de Uría cuando se produjo el colapso del edificio. Torres declaró que él se estaba dirigiendo a Melquiades Álvarez cuando se produjo el colapso, que en esa zona estaba ya Puente y que Díaz Montes se encontraba en el vértice entre las dos zonas ejerciendo, en parte, la coordinación de Uría. Díaz Montes declaró, no obstante, que creía que era el jefe de bomberos el que se encontraba al mando en la zona de la calle Uría en ese momento.
Aunque cuestiones como la falta de agua y los problemas con los hidrantes salieron también a relucir, la jueza negó que fuera objeto de discusión en este proceso, y limitó los argumentos de los demandantes a las cuestiones principales: un fallo en las medidas de seguridad por falta de medios (se trató de probar que el brazo tenía deficiencias, que los equipos de respiración no estaban listos y que también fallaron los canales de comunicación interna por radio) y también por fallos en la coordinación. En este sentido, el abogado demandante, Francisco Pérez Platas, insistió en la ausencia de un puesto de mando avanzado en la zona tal y como el protocolo exigiría aunque los mandos ratificaron el testimonio del jefe Torres, de que este puesto estaba instalado y era conocido por todos en la calle Uría. Así lo defendió también el abogado de la aseguradora, Miguel Bílchez, que inició el juicio reconociendo el "acto heroico, valeroso" de Palacio y su "muerte injusta".
