El fiscal decidió finalmente aumentar de 1.440 a 4.500 euros la petición de multa para el edil de Economía de Oviedo, Rubén Rosón (Somos), y para el diputado regional de Podemos Andrés Ron por ocupar el edificio de "La Madreña". El representante del ministerio público lo anunció durante las conclusiones de la vista que celebró su última y segunda sesión en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), después de escuchar los testimonios de nueve policías en los que, a su juicio, quedó probada la ocupación de la antigua consejería de sanidad entre los años 2011 y 2014 por el movimiento 15-M.

La Fiscalía también elevó a 2.100 euros la sanción solicitada para otro imputado, Iván Martínez, estudiante en el momento de los hechos, después de que este reconociera la participación en asambleas que el fiscal atribuye a los órganos de gestión de "La Madreña" entre los años 2011 y 2014; además, mantiene los 1.440 euros iniciales para los siete procesados restantes. Por su parte, los cuatro abogados de la defensa reafirmaron su petición de absolución, apoyándose en la falta de requerimientos previos tanto por parte de la empresa propietaria como de la Policía, previos al desalojo.

La acusación considera que la publicación en prensa de artículos de Rubén Rosón favorables a "La Madreña" corrobora su participación continuada en las actividades desarrolladas en el inmueble, como reconoció el propio concejal. Asimismo, cree que el hecho de que solicitase en su nombre a Delegación de Gobierno concentraciones en el edificio lo sitúa como uno de los responsables del mismo y justifica el aumento de la cuantía de la multa por sus actuales ingresos como edil.

En el caso de Andrés Ron, apunta a su participación como líder en una de las manifestaciones posteriores al desalojo. "Sale con un megáfono", declaró el representante de la Fiscalía, además de recordar que el diputado regional pidió entrar tras el desalojo a recoger "varios enseres personales que denotan su presencia continuada en el inmueble". Sobre Iván Martínez, eleva la petición a 2.100 euros "atendiendo a su sueldo y a que admitió participar en las asambleas de 'La Madreña'".

Sobre el argumento de la defensa de que "miles de personas" participaban en las actividades, el fiscal admite que sólo se acusó "a los que se cogió", pero puntualizó que eso no restaba responsabilidad ante lo que calificó de "ocupación violenta porque el edificio estaba cerrado y vallado".

Los abogados defensores coincidieron en su turno de conclusiones en apoyarse en la jurisprudencia existente para asegurar que "no cabe condena penal por ocupar un edificio que está abandonado y sin uso durante tanto tiempo". Asimismo, los acusados aprovecharon su último turno para ofrecer su parecer sobre el juicio. Ron apuntó directamente al Principado como promotor del juicio a través de Sedes. Rosón defendió que "La Madreña" "hizo mejor a Oviedo", David Acera apuntó al "origen político" del juicio y Diego Díaz alabó a los fiscales de los países nórdicos "que se dedican a perseguir a corruptos y no centros sociales".