El caso de la parcela B-16 del polígono de Olloniego llega a juicio este lunes. El exconcejal Alberto Mortera y dos funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo se sientan en el banquillo para responder de un presunto delito de prevaricación, por el que la Fiscalía pide inhabilitarles para cargo o empleo público durante siete años. El resto de las vistas serán el 19, 20, 23 y 25 de abril.
La Fiscalía sostiene que Mortera -hasta marzo del año pasado jefe de gabinete de Gabino de Lorenzo en la Delegación del Gobierno- incurrió en un "delito continuado de prevaricación administrativa". El fiscal también imputa ese delito al responsable municipal de licencias y a la jefa de la sección de Gestión de Patrimonio. El caso fue instruido por el Juzgado número 4 de Oviedo. En su día también fue imputado el exconcejal popular Jaime Reinares, aunque finalmente fue exonerado.
A principios de la pasada década, el Ayuntamiento concedió a Urvisa un solar del polígono de Olloniego. La adjudicación se hizo por debajo del valor de mercado, a condición de que en dos años estuviesen en marcha los proyectos elegidos y que hasta dos años después no pudiesen ser revendidos los solares.
Según el fiscal, el proyecto se presentó "de forma genérica, en apenas un folio", sin incluir plan de viabilidad, lo que incumplía las bases. En su escrito, el fiscal también afirma que Urvisa contaba "con la aquiescencia de responsables municipales". E "incumplieron todas las cláusulas, tanto las relativas a la prohibición de la venta como a los plazos y a la esencial de la vinculación para el fomento del empleo".
El fiscal añade que el entonces edil Mortera y los dos funcionarios municipales, "conociendo el incumplimiento de las cláusulas, silenciaron y ocultaron los mismos, al tiempo que, en ejecución de un plan preestablecido entre ellos, realizaron informes favorables incompletos y sustrajeron documentos del expediente, para dotar de apariencia de legalidad a lo realizado".
El fiscal considera que no hay motivo para exigir responsabilidad civil, sin perjuicio de la posible responsabilidad por alcanza en caso de que el Tribunal de Cuentas lo considere pertinente.
