José A. ORDÓÑEZ
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decretado "la extinción de la responsabilidad criminal" de los diez procesados por la ocupación del edificio ovetense de "La Madreña", entre ellos el concejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el diputado regional de Podemos Andrés Fernández Vilanova, al entender que el delito de usurpación del que habían sido acusados está "prescrito". Por ello, los magistrados estiman que no procede ni dirimir sobre la responsabilidad o no de los juzgados, al declarar una prescripción del delito que ya habían apuntado en su alegato final los abogados defensores de Rubén Rosón, Fernández Vilanova y Diego Díaz, otro de los encausados por estos hechos.
El fallo judicial, conocido ayer por la mañana, sí que entra a considerar una de las cuestiones más debatidas durante el juicio para dejar claro que el antiguo edificio de la Consejería de Salud en la calle General Elorza de la ciudad estaba "desocupado, que no abandonado" cuando los acusados accedieron a él.
A la hora de justificar la prescripción de la usurpación, el magistrado Ángel Aznárez, ponente de la sentencia, subraya que si bien en el momento de la denuncia de los hechos, e incluso cuando se produjo el desalojo, el delito en cuestión estaba incurso dentro de la categoría de menos grave, en el momento actual y tras la reforma del Código Penal ha pasado a ostentar la calidad de delito leve, por lo que habría prescrito al año.
Por tanto, y aunque la Sala fundamenta que los hechos enjuiciados referentes a la ocupación del inmueble que se ha denunciado "podrían ser constitutivos de un delito de usurpación del 255-2 del vigente Código Penal", éste habría ya prescrito, por lo que no procede dirimir siquiera sobre la posible responsabilidad o no de los acusados.
La petición de la fiscalía era de 4.500 euros de multa para Rubén Rosón y Andrés Fernández Vilanova; 2.100 euros para Iván Martínez, que era estudiante en el momento de los hechos, y de 1.440 euros para los otros siete procesados.
La reacción de los imputados al fallo judicial no se hizo esperar. "La sentencia pone de relieve que esto ha sido un capricho de quienes desde el poder deseaban organizar un gran juicio político a La Madreña, centro social que supo ganarse el cariño y el respeto de la opinión pública", subrayan en un comunicado. El colectivo pide nuevamente que "se investigue a los responsables políticos y empresariales de la operación de los palacios, pues son ellos los que deberían sentarse en el banquillo de los acusados por la privatización de la Consejería de Salud de la calle General Elorza para beneficiar a la empresa constructora del Calatrava".
Los procesados agradecen a las abogadas defensoras y a la sociedad su apoyo en momentos difíciles y piden que no se pierda la memoria de "La Madreña", "un centro social que es ya historia de Oviedo y de Asturias, y por el que pasaron miles de personas". El colectivo anunció también que donará su caja de resistencia a movimientos sociales asturianos, "especialmente a otros grupos amenazados por el recorte de las libertades ciudadanas que se está viviendo con la ley mordaza".
