17 de abril de 2018
17.04.2018

"Me llegaban informes y los firmaba sin leer porque confiaba en los técnicos", dice Mortera

El exedil del PP declara que "no tenía ni idea" de que en la venta de la parcela de Olloniego a Urvisa hubiera irregularidades

17.04.2018 | 01:50
Por la derecha, Alberto Mortera, María Rosario Cabezas y José Ramón de Luis Costales, ayer, en el Juzgado.

El exconcejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Oviedo y exjefe del gabinete de Gabino de Lorenzo durante parte de su etapa al frente de la Delegación del Gobierno, Alberto Mortera, "no tenía ni idea" de que la empresa Urvisa no había cumplido ni uno sólo de los requisitos que se le exigieron en su día para adquirir una parcela en el polígono de Olloniego. "No lo sabía" cuando siendo responsable del área de Urbanismo y Patrimonio llevó a una junta de gobierno la solicitud de la firma para que se le devolviese el aval de 17.000 euros que había depositado en el Ayuntamiento cuando se le otorgó un solar de 16.000 metros cuadrados a buen precio a costa de los fondos mineros, un trámite que fue aprobado con su voto y con el de otros responsables de su partido a pesar de estar salpicado por las irregularidades. Al menos eso es lo que sostuvo ayer Mortera durante la primera sesión de un juicio en el que se le acusa de prevaricación administrativa por la venta de la citada parcela. "Yo confiaba en la profesionalidad de los técnicos. A mí me llegaban los informes y yo los firmaba sin leerlos pensando que se cumplían las condiciones", dijo el ex edil durante su interrogatorio para defender su inocencia.

La investigación sobre el caso se inició a instancias de una denuncia del PSOE del año 2009 que fue archivada dos veces y volvió a retomarse en 2013, pero el inicio de la historia se remonta a 2002, cuando Urvisa compró un suelo que estaba sujeto a unas condiciones estrictas por estar destinado a la promoción del empleo y subvencionado con fondos mineros. Entre esas condiciones destacaba que la empresa tenía que poner en marcha antes de dos años su proyecto industrial, que tenían que generarse una serie de empleos y que la parcela no podía venderse hasta haber transcurrido dos años desde el inicio de la actividad. Ayer quedó probado que nada de eso se llevó a cabo. La licencia de obras se pidió en el año 2005, dos años después de que hubiese vencido el plazo, y la solicitó la empresa Bitácora 2002, otra empresa que le había comprado la parcela a Urvisa en el 2003 pese a que el suelo no podía venderse. La licencia de actividad tardó en solicitarse hasta el 2008, una fecha en la que también se tramitaron a toda prisa la licencia de obras y la de primera ocupación para Bitácora 2002 y la devolución del aval a Urvisa. Las irregularidades fueron tales que las dos naves acabaron convirtiéndose en 17 que Bitácora vendió incluso a terceros.

A todo esto, parece ser que nadie en el Ayuntamiento se ocupó de controlar si Urvisa estaba cumpliendo con sus obligaciones. "Nunca pregunté cómo se estaba desarrollando el polígono de Olloniego ni sabía las condiciones de la parcela. No creo que tengan que ser los políticos los que velen por el cumplimiento de esas condiciones, de lo contrario sería insmiscuirse en algo que no es de su competencia", dijo Mortera, que también explicó que los concejales "nunca deciden los temas que van a las juntas de gobierno" y que siempre se fiaba de los informes de los técnicos. "¿Entonces cuál es la labor de un concejal", le preguntó el fiscal. "Desde luego no es controlar la labor de los profesionales de la administración, eso lo tengo claro", respondió.

Dos de esos técnicos también se sentaron ayer en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una pena de siete años de inhabilitación para ocupar cualquier empleo o cargo público, la misma condena que se le pide a Mortera. El primero en declarar fue José Ramón de Luis Costales, responsable de licencias de obras mayores, el técnico que emitió el informe favorable a la devolución del aval a Urvisa. "A mí se me ordenó comprobar que existía una licencia de obras y la de primera actividad. Como lo tenía, pues emití el informe favorable". ¿Y quién le ordenó proceder así? "Me lo mandaría Reinares -por el también ex concejal de Urbanismo del PP- o cualquier superior. No hay papeles de eso, siempre lo hacía verbalmente o dejándome un post-it", explica Costales, al que supuestamente le habrían encargado ese informe el 30 de junio y lo tenía listo al día siguiente a pesar del importante volumen de trabajo que había en su área. "Era fácil de hacer. Esas cosas las hacemos en base a plantillas. Además me lo mandaron hacer así y no voy a negarme a una orden superior, sin expediente ni providencias", añade. Reinares llegó a estar imputado en el caso, pero la justicia consideró que no hubo irregularidad en su gestión.

María Rosario Cabezas, por entonces jefa de la sección del Gestión de Patrimonio del Ayuntamiento, también echó balones fuera al explicar por qué informó positivamente sobre la devolución del aval " a los tres días". "Nosotros nos basamos sólo en los informes de Licencias", dijo la mujer, defendida por el letrado José Manuel Fernández González. La vista se prolongará hasta el próximo día 25 y está prevista la comparecencia de 19 testigos, entre los que se encuentran el portavoz municipal y presidente del PP local, Agustín Iglesias Caunedo, y el diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons.

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