Los empleados de la SOF cobraban la extra de San Mateo -llamada popularmente "la bolsa"- "como un funcionario municipal más". Así lo declaró ayer en el juzgado de lo social número 2 de Oviedo el responsable de la oficina presupuestaria del Ayuntamiento, Carlos Arboleya, durante el juicio sobre el despido de Javier Batalla y Eulalia García-Vallaure, exdirector técnico y exsecretaria técnica de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF).
La sesión giró en torno a una carpeta de pruebas para demostrar que ambos ejecutaron órdenes del personal municipal y mantuvieron una relación contractual con el Ayuntamiento. Su abogada, Monserrat Palicio, solicitó que los despidos sean declarados nulos, o, en su defecto, improcedentes. Mientras que la letrada del Ayuntamiento, Lourdes Morate, y el de la SOF, José Luis Lafuente, reclamaron que la demanda se desestime.
Cuatro testigos declararon ante la jueza Cristina García: el ya citado Arboleya; Fernando Salvador (contable de la SOF); y Alfonso Román López y José Suárez Arias-Cachero (antiguos concejales de Cultura y por tanto expresidentes efectivos de la SOF).
Los dos últimos afirmaron que el director técnico de Festejos y el resto de empleados de esa entidad recibían órdenes directas del Ayuntamiento. Tanto de ellos en calidad de concejales, como del Alcalde y de funcionarios municipales. Eso sí, Alfonso Román por poco se queda sin declarar porque no llevó el DNI ni el carné de conducir. "Pensé que con una fotocopia valía", confesó antes de que, finalmente, la magistrada le permitiera pasar tras pedir el visto bueno de los letrados.
Además, Arboleya admitió, a preguntas de la abogada de Batalla y García-Vallaure, que el Ayuntamiento pagó las nóminas de la SOF, que ascendían a un total de 329.020 euros, "para cubrir un déficit de explotación".
La argumentación de los abogados del Ayuntamiento y de la SOF fue similar. Hicieron hincapié en que los despidos obedecieron a la disolución del convenio con el Consistorio, dejando a la entidad privada sin fondos públicos, "que eran los que cubrían casi la totalidad de su financiación". Y también cuestionaron el cargo y el sueldo de Batalla -de 53.610 euros brutos anuales como director técnico- al considerar que no encaja en ninguna categoría laboral. Según Morate, el sueldo máximo de un trabajador de categoría A es de 41.408 euros "siempre y cuando acredite la posesión de un título universitario".
