Las condiciones de adjudicación del contrato lanzado por el tripartito para la concesión del servicio de comedores escolares del municipio deja sin opciones a las pequeñas y medianas firmas asturianas del sector y, además, presenta importantes carencias a la hora de exigir una cierta calidad en la preparación de los menús. Esta es la denuncia que hace la Asociación de Caterings de Asturias, cuyos responsables no esconden sus sospechas de que el proceso, al que se han presentado una decena de compañías, puede estar dirigido. Es más, según alertan estos empresarios, "el problema se acentúa" por el largo plazo marcado, que llega a los cuatro cursos escolares con dos prórrogas adicionales, así como por lo relevante de su cuantía económica, dado que el máximo por anualidad completa alcanza los 3.098.425 euros.
Los empresarios asturianos del sector consideran "obvio" que la administración municipal debe exigir una cierta capacidad para realizar el servicio a contratar y también entienden que se requiera una solvencia técnica a las empresas. Tampoco tienen nada en contra de que el Consistorio pida una relación de los principales servicios de restauración colectiva en colegios durante los cinco últimos años, incluyendo un certificado sobre su buena ejecución, o que se reclame capacidad para el número de servicios que hay que realizar en cada curso. "En este punto, los pliegos del Ayuntamiento no son desproporcionados, al plantear una ejecución igual o superior a los 2,6 millones de euros en alguno de los últimos cinco años", apuntan los portavoces de la asociación de empresas de catering, quienes, sin embargo, denuncian que el "filtro insalvable" para casi todas las compañías asturianas estriba en la petición de una solvencia económica "desproporcionada" para quienes muestren interés en hacerse con la concesión.
"Se pide un volumen anual de negocios igual o superior a los 5.277.000 euros en alguno de los últimos tres años, algo que es absolutamente innecesario y que expulsa a casi todas las pymes y, desde luego, a casi todas, por no decir todas, las empresas asturianas", subrayan en el colectivo.
La nueva Ley de Contratos señala en su artículo 74 que la solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto contractual, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas. "La pena es que esa ley entró en vigor el 9 de marzo de este año y fue tres días antes, evidentemente para evitar aplicarla, cuando se publicó el anuncio de licitación", sostienen los empresarios disconformes.
Además de criticar abiertamente las exigencias en materia económica, las empresas de catering de la región también denuncian que en los pliegos de condiciones no se puntúa realmente la calidad. "Calidad es preparación en el día, calidad son productos de proximidad", sostienen los empresarios, molestos con que sólo se tenga en cuenta la adquisición de pan, leche y fruta en un radio de 120 kilómetros, en aras de una mayor sostenibilidad del servicio con menos envases, transportes y almacenaje. "Es curioso que nada se diga sobre la comida, ni en cuanto a su preparación o transporte, ni al tiempo de almacenaje, al tratarse de elementos que influyen no sólo en aspectos medioambientales, sino también en la calidad del producto final", sostienen.
El sector estima que "los pliegos están hechos a medida para no dejar participar a todo un sector local que, de modo indirecto, se sirve de unos proveedores que también son de aquí".
"Solo pedimos que no nos impidan concurrir y que no pongan filtros de entrada", sentencian los empresarios.
