Hoy arranca la primera edición del mercado artesanal y ecológico de la Plaza de la Catedral, y lo hace precedido de cierta polémica después de que trascendiera la existencia de informes técnicos negativos sobre esta actividad. En realidad, el expediente que pone pegas al mercado de la Catedral hace referencia a que la normativa de venta ambulante no contempla la celebración de este tipo de actividades, pero tras la suspensión cautelar del mercado de Gascuña la semana pasada, una actividad que también se aprobó en Junta de Gobierno con informes en contra, la gestión de estos mercados ocasionales acabó ayer dinamitando la celebración de la Junta de Gobierno. Hasta el punto de que el PSOE amenazó a Somos con dejar de gestionar estas actividades.
Los reparos de los técnicos en estas y en otras actividades han puesto en guardia a los socios de gobierno, y ayer en la Junta de Gobierno se pidió que en lo sucesivo las áreas responsables de cada actividad informaran al resto de socios cuando haya informes contrarios, reparos, pegas o advertencias verbales de los funcionarios.
Aprovechando esta petición, formulada por IU, Somos trató de ironizar sobre el tema y dejó caer que esa petición debía de tener que ver con la gestión de Ana Rivas (PSOE), que tiene que finalmente aprobar a través de vías actividades como la del mercado de hoy. A la socialista no le hicieron gracia las insinuaciones de Rubén Rosón, que había lanzado el dardo desde Somos, y el debate saltó de la alerta sobre los informes en contra a quién debe encargarse de la gestión de los mercados.
Para los socialistas, que por ahora han tenido que dar luz verde a actividades como la de hoy al tratarse de una ocupación de espacio público, debería de ser Rubén Rosón, como concejal de mercados, el que se hiciera responsable de la actividad. Al revés, Rosón, en el caso de la suspensión cautelar del mercado de Gascona, echó balones fuera y señaló que la mayoría de los informes técnicos que ponían pegas a la actividad procedían del área de Infraestructuras, con lo que debía de haber sido Rivas la que hubiera alertado contra la aprobación de esa actividad.
Inseguridad jurídica
Más allá de los recelos y las sospechas que entre los socios de gobierno suscita el hecho de que se oculten informes negativos para no tener problemas en la aprobación de determinadas actividades, entre algunos socios también existe el temor a la inseguridad jurídica que traslada este tipo de situaciones. Y por eso se pide que a partir de ahora se juegue "con las cartas encima de la mesa".
