El jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, ha abandonado la Jefatura Superior de Policía hacia las 17.10 de la tarde tras prestar declaración por el presunto amaño de contratos del servicio de control de tráfico. López ha asegurado que no existe contrato alguno en el área de Seguridad Ciudadana con empresas investigadas y que no ha sido detenido, sino que ha declarado en calidad de investigado. Agentes de la policía judicial se personaron hacia las nueve de la mañana en el Ayuntamiento y el cuartel para recabar documentación relacionada con la macrooperación "Enredadera" abierta en varios consistorios españoles y también entraron en el domicilio particular del responsable de la Policía Local.
Ante la gravedad de los hechos, el Alcalde se reunirá esta tarde con los portavoces del tripartito, el concejal de Seguridad Ciudadana y el de Contratación, en cuanto llegue a Oviedo procedente de Madrid, donde mantuvo una reunión con la Ministra de Defensa, Margarita Robles, para hablar de los terrenos de la Fábrica de Armas de La Vega.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) solicitó todos los contratos y licitaciones del Ayuntamiento desde 2010, especialmente los relacionados con el departamento de Tráfico.
Por el momento, se han practicado 49 entradas y registros en varios Ayuntamientos, despachos y sociedades así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de, como mínimo, cinco comunidades autónomas. Inicialmente hay 15 detenidos, entre los que hay empresarios y cargos públicos, que pasarán a disposición del titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona en los próximos días.
Fuentes del Ayuntamiento han remarcado que ninguna de las empresas que supuestamente están relacionadas con los posibles amaños es la actual adjudicataria del contrato de semáforos de la capital asturiana.
La macrooperación de la Policía Nacional se desarrolla en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León, y se prevén unas sesenta detenciones entre cargos técnicos municipales, y otros tantos registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
La UDEF de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, han informado a Efe fuentes de la investigación, que han precisado que los registros se llevan a cabo en ayuntamientos para investigar estos posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.
Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata de la Operación Enredadera que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones.
Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.
En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes, que han adelantado que se prevé la detención diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos.
En Cataluña, la operación se centra en los ayuntamientos barceloneses de Mollet del Vallès y Tiana, y en el de Lleida, mientras que agentes han acudido al de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid. La causa está declarada secreta.
