Los investigadores de la UDEF sospechan que parte de los manejos de la red consistían en manipular los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad sólo recaudatoria. La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a agentes de las policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas indicaron que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

Según Sacyr, desde que adquirió Aplicaciones Gespol (2016), esa empresa ha obtenido adjudicaciones por un importe global total de 1,5 millones, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros. De acuerdo con la documentación que ha comprobado "Efe", sólo el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha adjudicado desde 2014 por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol.