Oviedo es el noveno ayuntamiento español que más recauda por habitante y año a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en un ranking encabezado por Madrid, Castellón y León, según el informe "Panorama de la Fiscalidad Local 2018", elaborado por la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, María José Portillo, en coordinación con el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y bajo el amparo del Consejo General de Economistas de España.
El IBI es, según este estudio, el impuesto más importante para las economías municipales, pues de media supone un 28,2 por ciento de sus ingresos, lo que lo convierte en "el tributo que ha sostenido buena parte de su financiación en la travesía de la crisis".
Oviedo recaudó en el último año 347,3 euros por vecino, según recoge el documento. Por delante están, además de los tres municipios que abren la lista, Tarragona, Barcelona, Lleida, Ciudad Real y Segovia. Justo por debajo figuran Toledo, Santander, Soria, Gerona, Cádiz y Salamanca.
Madrid es la capital de provincia que más recauda con el IBI aunque los que aplican tipos más elevados son tres municipios catalanes, Tarragona, Lleida y Gerona. Tarragona llega al 0,953 para las fincas urbanas; 0.599 para las rústicas y el 1,3 para los inmuebles especiales. Oviedo se queda en un 0,626 para los inmuebles urbanos, el 0,798 en los rústicos y un 1,3 en los que tienen la calificación de especiales.
Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta son las que menos recaudan por habitante con el IBI. En el caso de Ceuta solo 87 euros. Los tipos más baratos son los que aplica Toledo, con un 0,446 para inmuebles urbanos, un 0,848 para los rústicos y un 1,295 en las contribuciones especiales.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, explicó ayer, durante la presentación del informe en Madrid, que el IBI aporta a las arcas de los municipios españoles más de la cuarta parte de todos sus ingresos y que ese impuesto ha contribuido a mantener la estabilidad fiscal durante la crisis.
Pinch también se refirió al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la antigua plusvalía municipal, declarada contraria a la Constitución y en vías de modificación, y ha manifestado que "la Justicia tiene que intentar reducir la conflictividad". Dijo no entender que no haya un decreto ley "con las reglas del juego" hasta que se resuelva, porque "no puede ir un arquitecto detrás de cada liquidación" para comprobar si se ha generado plusvalía.
