La jueza del contencioso administrativo número 6 de Oviedo, Belén Alicia López, dejó ayer visto para sentencia el caso en el que dos colectivos (el Partido Popular de Ovieod y la Hermandad de Defensores) y un particular (el abogado José María Pérez) demandan al Ayuntamiento de Oviedo por aplicar de forma arbitraria y con errores formales la Ley de Memoria Histórica para modificar los nombres de 21 calles de la ciudad, con la asociación Memoria y República como codemandada, adherida en esta casua a la posición municipal.

Para resolver la demanda, la juez todavía tendrá que salvar una nueva cuestión que el abogado de José María Pérez, puso ayer encima de la mesa para complicar todavía más el proceso. El letrado Luis del Viso plantó una cuestión de inconstitucionalidad referida a la Ley de Memoria histórica, que la magistrada tendría que resolver ahora antes de dictar sentencia sobre las calles de Oviedo.

La vista de ayer fue la de las conclusiones, y en ella la abogada consistorial, Rosa Pecharromán, se alejó de las motivaciones que el acuerdo de la Junta de Gobierno argumentó para proceder a los cambios en el callejero. Si el tripartito ha vinculado la supresión del callejero franquista como aplicación de la Ley de Memoria Histórica (como así ponen hasta las nuevas placas), la letrada apeló ayer a la potestad municipal sobre el callejero, la facultad de poner y quitar nombres, al margen de cualquier legislación nacional, para defender los cambios introducidos. La competencia es del Alcalde y él es libre de hacerla reposar en quien crea más conveniente, la Junta de Gobierno, en este caso. La letrada también replicó al abogado del PP que el tripartito sólo había continuado lo que los gobiernos populares de Gabino de Lorenzo ya habían hecho apoyándose, también, en la Ley de la Memoria Histórica.

Los abogados de la Hermandad de Defensores de Oviedo, del PP y Del Viso insistieron en que a la vista de los expedientes ahora conocidos por los que se dan los nombres ahora suprimidos a determinadas calles, en ellos, salvo en la calle "19 julio", no hay exaltación del golpe de Estado franquista y ni apología de la dictadura. Al revés, argumentaron, hay nombres puestos en 1975 o 1976, o calles como la de "Yela Utrilla", puestas por sus méritos académicos, no políticos; y otros nombres mantenidos que chocan con los anulados (así los alcaldes Valentín Masip o García Conde, que han sido respetados, frente a Fernández Ladreda"). Rafael Velasco, de Memoria y República, apoyó al Ayuntamiento y razonó que no se podían tener en consideración, como argumentos, acuerdos de equipos de gobierno ilegítimos como todos los franquistas, hasta las primeras elecciones democráticas de 1977.