"La adjudicación se atuvo en todo momento a los requisitos y procedimientos establecidos en la norma de los contratos de la Administración Pública, y rescindir el servicio supondría un claro motivo de responsabilidad civil del Ayuntamiento, con las consecuencias jurídicas y económicas que acarrearía". El equipo de gobierno de Gijón, de Foro, defendió ayer el servicio de ayuda a domicilio de la ciudad prestado por Aralia Servicios Sanitarios, empresa vinculada a José Luis Ulibarri, detenido en la "Operación Enredadera".
"La composición de las mesas de contratación de la licitación fue predominantemente técnica y se solicitó informe a los servicios de Intervención y Secretaría", aclara el gobierno gijonés, que no ve a día de hoy "fundamentos jurídicos que puedan motivar la resolución del contrato". Es más, "el proceso de subrogación de las trabajadoras se está realizando con total normalidad", argumentan.
