El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, el socialista Enrique Fernández, se reunió en abril con José Manuel López "a petición del propio comisario", que solicitó el encuentro como presidente de la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local (Ajempol). "La mencionada reunión se produjo, efectivamente, hace más de un mes, concretamente el pasado 24 de abril a las doce y media de la mañana en la sala de Juntas de el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio", afirma el Alcalde "dado lo escabroso del contexto en el que se enmarca esta información" ofrecida ayer en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.
"En dicha reunión, en la que estábamos presentes un total de cinco personas y no llegó a la hora de duración, se celebró a petición del propio comisario a través de Ajempol. En ella se habló, entre otras cosas, de la necesidad de modernizar y digitalizar los medios materiales a través de los cuales las policías locales prestan sus servicios", explica Fernández. "Todo ello sin entrar, en ningún caso, en el detalle de nombres de empresas, ni tipos de contrataciones futuras a realizar y mucho menos cerrar inversión ni adquisición alguna", añade el regidor de San Martín.
Enrique Fernández asegura que la reunión que mantuvo con José Manuel López, hasta que tuvo conocimiento de la investigación a la que estaba siendo sometido el comisario de Oviedo, "había sido una más de las muchas que concurren en la agenda de la alcaldía de forma habitual y que, junto con las visitas de numerosos vecinos, me ha llevado en estos últimos meses también a reunirme, como parte de mi trabajo, con consejeros y directores generales de diversas áreas del Gobierno del Principado, presidentes de empresas públicas, representantes empresariales e incluso, hace unos días, con el nuevo Jefe Superior de la Policía Nacional de Asturias". El Alcalde de San Martín mantiene que en ese encuentro "nunca se trataron asuntos ilegales, ni alegales" y pide que la justicia depure las responsabilidades legales oportunas.
Los investigadores de la "operación Enredadera" sostienen que los supuestos "conseguidores" de la red "tanteaban" las nuevas líneas de inversión que pretendían llevar a cabo los Ayuntamientos para después ponerlo en conocimiento de las empresas imputadas y que estas se hiciesen con los contratos, en ocasiones elaborados a la carta por la red de policías corruptos.
