El último trabajador que queda en la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) pasará a formar parte de la plantilla municipal en las próximas semanas. En concreto, en la Fundación Municipal de Cultura. Fernando Salvador es la sexta persona que en los últimos meses ha pasado a engrosar la nómina de empleados del Ayuntamiento por orden de un juez, lo que ya se conoce en Oviedo como gatera judicial.

El concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, da por hecho que el que fuera contable de la SOF se incorporará a la plantilla de Cultura para realizar tareas similares a la que desarrollaba en la Sociedad de Festejos y que se pondrá manos a la obra con la gestión, a corto plazo, de San Mateo. "Fernando Salvador también se incorporará a la Fundación Municipal de Cultura para cumplir con la sentencia. La Fundación es la única estructura existente en este momento para hacerse cargo de las fiestas del municipio".

El juzgado de lo Social número 6 de Oviedo condenó al Ayuntamiento a incluir en su plantilla a Fernando Salvador al apreciar que se produjo una cesión ilegal del empleado. El juez estimó la demanda que había interpuesto el contable y se basó en los argumentos que el tribunal de lo Social número 2 estableció hace un mes para incorporar al Ayuntamiento a cinco trabajadores despedidos de la SOF el 31 de diciembre. Según el fallo judicial, Salvador mantendrá su categoría laboral de auxiliar administrativo, pero esta vez perteneciente a la Relación municipal de Puestos de Trabajo (RPT).

A falta de que la sentencia sea firme (una vez pasado el periodo de alegaciones), el contable volverá a trabajar junto a sus antiguos compañeros de las oficinas de la calle Mendizábal -donde está la SOF-, en las instalaciones del teatro Campoamor habilitadas para la Fundación de Cultura.

Los representantes de la sección sindical de CC OO en el Consistorio y UGT acusan al tripartito de usar la gatera judicial para tener plantilla y ponen como ejemplo las últimas incorporaciones de la Sociedad Ovetense de Festejos o la de los 29 empleados de la Auxiliar de Recaudación el año pasado. Desde UGT, aseguran que el 30% de los empleados municipales acceden a su puesto por sentencia y reclaman que el gobierno local respete el acuerdo que firmó con los sindicatos en 2015 para regular la RPT. Conscientes de la limitación que la Ley Montoro impone a las administraciones locales para hacer nuevas contrataciones, los sindicatos exigen que, al menos, el Ayuntamiento saque a oferta pública las plazas generadas por irregularidades. Por ejemplo, por cesión ilegal, que es el caso de los exempleados de la SOF.