Por segunda vez consecutiva, la instrucción de un expediente municipal para buscar responsabilidades legales entre los anteriores equipos de Gobierno (Gabino de Lorenzo y sus concejales de confianza) por el daño causado a las arcas públicas en la expropiación de "Villa Magdalena" ha quedado en nada. La misma instructora ha llegado a las mismas conclusiones que en el anterior expediente, achivado y reabierto con un nuevo informe de la Universidad de Oviedo aportado por el PSOE. De poco ha servido que la funcionaria haya llegado al mismo punto que motivó el archivo: se trataría de responsabilidad contable, el tribunal competente para juzgarlo es del de Cuentas y éste ya lo descartó en dos ocasiones, en mayo de 2011 y marzo de 2012. El resto, y más en concreto algunos razonamientos del nuevo informe aportado ahora por el PSOE y elaborado por la Universidad de Oviedo, son, en palabras de la instructora "una auténtica instrucción paralela del procedimiento".
Otra vez el Tribunal de Cuentas
El nuevo informe, según explica la funcionaria, concluye que los anteriores concejales incurrieron en "culpa grave" por "conducta gravemente negligente", y además sugiere que el Tribunal de Cuentas debería de pronunciarse de nuevo sobre la expropiación de "Villa Magdalena". El motivo por el que lo sugiere es que el primer auto de aquel tribunal se refería a la resolución de la expropiación como estaba prevista en el convenio del parking de Uría y la segunda vez que se resolvió, cuando el PSOE recurrió el primer archivo, se ratificó en las conclusiones anteriores pero, con el convenio ya anulado por la UE, evitó entrar en otros detalles al considerar que la expropiación estaba todavía en el aire. Ahora, con la factura de "Villa Magdalena" ya abonada, el informe considera que hay opciones para que el Tribunal de Cuentas vuelva a analizar la cuestión clave: por qué no se consignó en su día el justiprecio y cómo esta omisión originó la retasación del palacete y la finca circundante de la avenida de Galicia, hoy convertida en biblioteca municipal.
Pese al revés que supuso el nuevo archivo del expediente, el Alcalde, Wenceslao López, anunció ayer que seguirá buscando posibilidades para buscar responsabilidades por lo que considera "un fraude de más de 45 millones de euros".
López destacó las "dificultades" de gestionar este tipo de expedientes -"la legislación no es muy amigable en estos casos"- y aseguró que está "obligado por coherencia" a seguir buscando responsabilidades. El Alcalde negó que se tratara de "perseguir a nadie" y explicó que no se podría "perdonar" "no haber dejado sin atacar el mínimo resquicio" para "exigir responsabilidades allí donde las hubiere".
