Una sentencia pionera ha puesto fin al calvario judicial de Francisco Javier Fernández Álvarez, propietario de una pantalla de publicidad en el número 76 de la calle Uría que está instalada en el hueco de una de las ventanas de su agencia de publicidad. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 acaba de darle la razón frente al Ayuntamiento al considerar que la normativa municipal es "notablemente restrictiva" y que al caso debe aplicársele la doctrina de la Unión Europea y las leyes estatales, que abogan por "un ejercicio libre del servicio publicitario".
"Llevo tres años de lucha en los tribunales frente al Ayuntamiento. Me daban ganas de cerrar, pero no lo he hecho porque tengo dos trabajadores y confianza en la justicia", explicó ayer Fernández con la sentencia a su favor en la mano. El abogado Miguel Teijelo Casanova, del despacho De la Iglesia y Teijelo, se hizo cargo de su caso y fue quien hace unos días le dio la buena noticia. La sentencia, emitida el 25 de junio, ya es firme porque el Ayuntamiento no ha interpuesto recurso de apelación.
El propietario de la pantalla de publicidad se plantea ahora reclamar al Ayuntamiento una indemnización por "la pérdida de clientes ocasionada desde 2015", cuando el gobierno local no vio con buenos ojos la instalación del panel luminoso en el 76 de Uría. Es decir, es posible que exija lo que se conoce como lucro cesante. "Muchos anunciantes anularon sus contratos y otros tomaron la decisión de pagarme únicamente cuando acabase el periodo de su publicidad por temor a que hubiese que resolver el contrato forzosamente. Llegué a tener cincuenta clientes cuando estaba empezando y ahora tengo treinta. Es una cifra muy baja".
La sentencia abre la puerta a regular la situación de otros luminosos similares, como el ubicado en el número 25 de Uría (encima de una zapatería), que también recibió el rechazo municipal. De hecho, para justificar la decisión, desde el área de Urbanismo dijeron que "esto no es Las Vegas",
El Ayuntamiento ordenó a Fernández que dejase de poner anuncios distintos a los relativos a su propio negocio. Es decir, que no promocionase tiendas, talleres, empresas o cualquier otra actividad comercial. La argumentación del Consistorio giraba en torno a la ordenanza reguladora de la instalación de vallas publicitarias y al Plan General de Ordenación Urbana, que distinguen entre instalaciones de promoción comercial al servicio del establecimiento y soportes de servicio a terceros. "Ofrecí la pantalla al Ayuntamiento para poner información o anunciar eventos, pero tampoco les interesó. Esto sólo pasa en Oviedo", explica el emprendedor.
