El concejal de Economía, Rubén Rosón, insiste en aumentar el IBI diferencial, el que grava a los grandes propietarios, del 1,1 al 1,3 por ciento del valor catastral de la propiedad. Lo hará pese a que sus socios de gobierno (PSOE e IU), que apoyan políticamente la medida, le han advertido de que puede tener consecuencias legales, como ya ocurrió en años anteriores. "El IBI diferencial en Oviedo lo denunciaron algunas grandes empresas y es cierto que el primer año que se aplicó, en 2017, lo anularon los tribunales, pero fue por un defecto de forma, no de fondo", explicó ayer Rosón. Así que mantendrá la medida para el próximo año. El concejal afirma que "no habrá ningún problema jurídico" y mantiene que este tipo de impuesto diferencial "se aplica en más de una veintena de capitales españolas, de todos los signos políticos, desde hace muchos años y nunca ha habido ningún problema".