La adjudicación directa de los chiringuitos "históricos" de San Mateo tiene difícil encaje legal tras la aprobación hace unos meses de la nueva ley de contratos. Expertos en derecho administrativo consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en destacar la escasa flexibilidad de la nueva normativa y la extrema dificultad de fundamentar excepciones a un marco legal que apuesta por generalizar los concursos públicos. Aunque se muestran cautelosos hasta conocer los términos definitivos utilizados por el Ayuntamiento y respetan el criterio de los técnicos municipales, los especialistas no descartan que la decisión tomada por el concejal de Festejos, Roberto Sánchez-Ramos, pueda ser tumbada por los tribunales.
La postura municipal de apoyarse en una sentencia de los tribunales andaluces sobre las casetas de la Feria de Abril para defender los derechos tradicionales de los chiringuitos instaurados en Oviedo hace 35 años no termina de convencer a algunos. "La sentencia en la que se apoyan los técnicos no es asimilable para el caso de Oviedo", indica el exabogado consistorial Miguel Teijelo, al que el PP encargó la presentación de los recursos a las adjudicaciones de los chiringuitos de ediciones pasadas, que finalmente no prosperaron.
El letrado es tajante a la hora de opinar sobre la legalidad de asignar directamente desde la administración local la ocupación de suelo público para una explotación económica. "Los chiringuitos tradicionales eran ilegales cuando los gestionaba la SOF y lo son ahora que lo hace directamente el Ayuntamiento", asegura el abogado, escéptico sobre la posibilidad de utilizar el carácter tradicional de las casetas como argumento. "Es una contradicción que hables de chiringuitos históricos y luego saques otros cuatro a licitación", señala.
Otros tratan de buscar explicación a la decisión del Ayuntamiento de dar continuidad a la práctica llevada a cabo por la SOF hasta el año pasado de adjudicar directamente los espacios a los "chiringuitos de siempre" de San Mateo. "Me sorprendió que se optara por esta decisión, pero supongo que exista un fundamente jurídico consistente", declara el catedrático de Derecho Administrativo, Leopoldo Tolivar, consciente de las trabas de la nueva legislación. "La sentencia de Sevilla puede estar desfasada porque la ley de contratos nueva lleva cuatro días en vigor y obliga a licitar hasta la compra de cartuchos de tinta en la Universidad", indica.
Por su parte, la profesora titular de Derecho Administrativo Miriam Cueto admite la existencia de excepciones a la férrea ley vigente, pero las ve poco probables. "Es muy difícil justificar una excepción en el marco actual", defiende sobre la tendencia de generalizar "concursos objetivos en los que se trate igual a lo igual y diferente a lo que lo es".
También hay quién recuerda que "los matices jurídicos" a la normativa son muchos y, por tanto, la adjudicación directa podría tener cabida. "Es verdad que para la asignación de suelo público en situaciones de escasez se utiliza la licitación, pero hay casos en los que se respetan ubicaciones tradicionales", puntualiza el también catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo.
