El alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), afirmó en el Pleno del pasado jueves que las consultas jurídicas realizadas desaconsejaban que el Ayuntamiento se personase en la causa judicial por el "caso Enredadera", una red de amaños de contratos públicos que trató de entrar en Oviedo, Gijón y otros municipios de la región. Ayer, apenas cuatro días después de aquel pronunciamiento del regidor, el tripartito celebró una reunión política en la que se decidió por unanimidad que el consistorio ovetense ejerza la acusación particular, tal y como venía reclamando Somos. ¿Qué ha cambiado desde el jueves para los otros dos socios de gobierno? Según las ediles Ana Rivas (PSOE) y Cristina Pontón (IU), la decisión política para personarse en la causa estaba tomada de antemano, a falta únicamente de un dictamen jurídico de la abogacía consistorial que sustentase dar ese paso y que los concejales del gobierno no tuvieron encima de la mesa hasta ayer por la mañana.
El informe jurídico, según las fuentes consultadas, no es taxativo sobre si el Ayuntamiento debe ejercer o no la acusación particular. Deja la puerta abierta tanto a dar ese paso como a no hacerlo, aunque, eso sí, advierte de que, de lo que ha trascendido del caso respecto a Oviedo durante este fin de semana, se extraen fundados "indicios" delictivos. Tras analizar el informe con detenimiento, el tripartito acordó que la Junta de Gobierno del viernes dará luz verde a la personación.
Además de esta decisión judicial, los partidos del gobierno también se pusieron de acuerdo en llevar a cabo una fiscalización de todos los contratos, adjudicados o no, que han sido tramitados durante los últimos diez años por parte de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios, ante los "indicios" de que se han cometido ilegalidades relacionadas con la trama corrupta. Se trata de una reivindicación de la marca local de Podemos que aceptan sus socios, aunque sobre la base de que la apertura de ese proceso de fiscalización corresponde al edil de Economía, Rubén Rosón, de Somos. Según esta formación, la decisión debe adoptarse formalmente en una Junta de Gobierno.
En lo que no hubo acuerdo fue en la petición de Somos para el nombramiento, previo concurso público entre funcionarios ajenos al Ayuntamiento, de un director general que se encargue de "sanear" el área de Seguridad, en palabras de Rosón. Ana Rivas, del PSOE, advirtió de que la propuesta deja en entredicho "la honradez y buen hacer" de los empleados municipales, mientras que desde IU, Cristina Pontón, acusa a Somos de querer reeditar la "estructura paralela de los tiempos de Gabino de Lorenzo".
El portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, pidió ayer más transparencia al tripartito y que no se hurte información. A instancias de IU, el gobierno local se comprometió a compartir todos los datos con la oposición.
