08 de agosto de 2018
08.08.2018

La Abogacía municipal pone reparos a que Oviedo ejerza la acusación

Un informe jurídico da vía libre a la personación, pero alerta de su "gravedad" y de que rompe con lo habitual en el Ayuntamiento

08.08.2018 | 01:21
La Abogacía municipal pone reparos a que Oviedo ejerza la acusación

La Junta de Gobierno de Oviedo tiene previsto aprobar mañana que el Ayuntamiento entre como acusación particular en la causa por el "caso Enredadera", pese a las reticencias que expone el servicio de Abogacía Consistorial en un informe sobre el particular encargado por el alcalde, el socialista Wenceslao López. En su análisis, el departamento jurídico dirigido por Justo Diego reconoce que, efectivamente, el Ayuntamiento está en disposición de personarse en el proceso. Ahora bien, advierte de que únicamente puede hacerlo en condición de "parte acusadora", algo que, a su juicio, reviste "gravedad", por cuanto coloca al Consistorio en contra de sus dos empleados investigados por el juzgado número dos de Badalona -el jefe de la Policía, José Manuel López, y el subinspector Fernando Corzo- cuando no ha culminado la instrucción. No es posible personarse como "mero espectador", subrayan los letrados.

En concreto, el informe dice textualmente: "No podemos silenciar la gravedad que comportaría la adopción de un acuerdo en tal sentido (personación), puesto que supondría un posicionamiento explícito de esta Administración Local, al menos en este momento inicial del proceso penal (fase de instrucción) y sin perjuicio de lo que pudiera resultar del desarrollo del mismo, en contra de dos de sus empleados".

El informe de Abogacía también pone de manifiesto que si el Ayuntamiento se persona como acusación romperá con la "práctica mayoritariamente seguida" por el Consistorio en procesos penales contra sus empleados. Esa práctica consiste en "confiar en el Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción pública penal", "no adoptando posición procesal alguna mediante la personación en el proceso penal".

Fiscalización

A lo que sí anima el informe jurídico es a "no dilatar" el proceso de fiscalización de todos los contratos del área de Seguridad de los últimos diez años que el tripartito ha decidido poner en marcha. En principio, será llevado a cabo por funcionarios municipales del servicio específico de fiscalización, dirigido por el concejal de Empleo, Rubén Rosón.

La junta de portavoces municipal celebró ayer una reunión, a la que asistió Justo Diego, en la que se trasladó a los grupos de la oposición los pasos a seguir. El PP y Ciudadanos respaldan la personación en el caso.

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