La oposición municipal considera imprescindible ampliar a las empresas municipales el "rastreo" de contratos con firmas de la "trama Enredadera" realizados en Gijón. Una exigencia en la que coincidían ayer PSOE, IU y Ciudadanos tras ver que el primer informe, de los ocho encargados por la alcaldesa Carmen Moriyón, se limita a fiscalizar el Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Ese primer informe detectó dos contratos: el servicio de ayuda a domicilio a Aralia y la compra de un vehículo para los bomberos a Veicar. La descentralizada estructura municipal de Gijón hace que sus empresas públicas tengan un protagonismo destacado en la cantidad y cuantía de los contratos que gestionan.
Por su parte, desde el equipo de gobierno y por boca del edil forista Esteban Aparicio se reivindicaba que "la contratación está hecha con criterios técnicos y, a mi juicio como abogado en ejercicio, ha sido perfecta. No digo que los implicado de la trama no hayan querido entrar, pero aquí (por el Ayuntamiento de Gijón) no han entrado". Hoy gobierno y oposición se ven las caras en una Junta de Portavoces para fijar el orden del día de un Pleno extraordinario.
