"Canta mucho que le hayan dado los semáforos". Esta es una de las frases que Ángel Luis García Martín, "el Patatero", le dijo a uno de sus socios en 2017 para quejarse amargamente de que el Ayuntamiento de Oviedo le había concedido a la empresa Aluvisa el contrato de conservación y mantenimiento de las redes semafóricas de la ciudad. Ese lamento quedó registrado en las grabaciones que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le hicieron a este cabecilla de la trama "Enredadera" ahora encarcelado junto al empresario José Luis Ulibarri. "El Patatero" apuntó entonces a la posibilidad de un posible tráfico de influencias en favor de Aluvisa. No fue el único. Hacienda también investigó el caso.
El Ministerio analizó la propuesta que Aluvisa hizo para hacerse con el contrato de explotación del centro de control de tráfico de Oviedo y de la conservación y mantenimiento de los semáforos, aunque finalmente concluyó que no hubo anomalías y dio luz verde a la adjudicación.
Una de las seis empresas que concurrió a aquella licitación, Telvent, había presentado la denuncia ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de Hacienda, al considerar que había irregularidades en la oferta de Aluvisa. Por ejemplo, que constituía una baja temeraria respecto al precio inicial de más de 7.200.000 euros. Sin embargo, el tribunal afirmó que "no puede considerarse suficiente ni decisivo para fundar la inviabilidad de la oferta concluir que el precio hora resultante de su propuesta es inferior al previsto en el Convenio colectivo sectorial".
Antes de que Telvent recurriera, Ciudadanos ya había denunciado públicamente irregularidades en el informe de valoración de ofertas a favor de Aluvisa. El concejal Luis Zaragoza consideró que podía haber un amaño. Habló directamente de un enchufe o "la contratación innecesaria de una trabajadora" en la compañía, y señaló el hecho de que se hubiese puntuado positivamente que la empresa quisiera guardar toda la información del tráfico en una "nube virtual" y no en las dependencias municipales, tal y como establecían los pliegos.
Pese a que el Ministerio de Hacienda desestimó el recurso de Telvent, reconoció en parte su demanda al afirmar que el proceso de contratación no fue claro: "Debe afirmarse, sin lugar a dudas, que el órgano de contratación con su actuar no ha permitido al recurrente tomar conocimiento completo de la documentación que hubiera sido necesaria para interponer el presente recurso".
