El gobierno local se ha propuesto luchar contra la subida del precio de las viviendas y la gentrificación del centro de la ciudad. El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo (Somos), estudia desarrollar una normativa que prohíba o limite la apertura de pisos turísticos en el centro y el casco antiguo, pero que permita hacerlo en los barrios y la zona rural. Quiere evitar que los vecinos del Antiguo se vean desplazados a la larga por otra población de un nivel adquisitivo mayor. "Una vez que tengamos identificadas las zonas con mayor riesgo de gentrificación, desarrollaremos regulaciones específicas adaptadas. Se trataría de impedir que este tipo de instalaciones expulse a los vecinos", explica el concejal.
La redacción del nuevo reglamento se enmarcará dentro de la actual revisión del Plan General de Ordenación (PGO) y tomará como ejemplo normativas aprobadas en otros lugares, como la Comunidad Valenciana.
El tripartito defiende el criterio actual que aplica en Oviedo por el que únicamente concede licencias de alojamiento turístico en los bajos, entresuelos, primeros pisos o edificios completos, para proteger a los residentes fijos y velar por una buena convivencia. En Valencia también lo hacen así y, a juicio de Fernández del Páramo, "es un criterio general válido", aunque vaya a revisarse.
Palma de Mallorca es otro de los referentes del tripartito. Es el caso más extremo de España. Allí el gobierno local (formado por el PSOE, la coalición Més y Podem) acaba de prohibir los alquileres turísticos en toda la ciudad, a excepción de los ofertados en viviendas unifamiliares o chalés siempre que no estén en suelo rústico protegido, cerca del aeropuerto o en los polígonos industriales. La oferta de pisos turísticos no reglados había aumentado allí un 50% entre 2015 y 2017, hasta alcanzar las 20.000 plazas, de las que solo 645 contaban con licencia.
Las empresas
El concejal de Urbanismo aboga por "proteger a los vecinos" de la gentrificación, velar por el buen funcionamiento de la hostelería local e impedir la precarización laboral de sus trabajadores. A su juicio, la puesta en marcha de una regulación local de los pisos de alquiler cumplirá una doble función. Por un lado, mantendrá los derechos fundamentales de acceso a la vivienda de los vecinos de Oviedo y, por otro, favorecerá un turismo de calidad. "Impediría lo que podríamos llamar una 'uberización' con graves consecuencias para la economía local", comenta el edil, en clara alusión al conflicto surgido entre los taxistas y los coches VTC (vehículos de turismo con conductor) que trabajan para plataformas como Uber y Cabify.
Fernández del Páramo teme que empresas inversoras dedicadas a la especulación compren edificios de Oviedo para explotarlos como pisos turísticos: "El problema no es tanto del particular que destina su piso al alquiler eventual, es más bien de las empresas inversoras que se dedican a los negocios. Compran edificios, los rehabilitan o se hacen con la gestión de inmuebles a cambio de un porcentaje de los beneficios. Este tipo de prácticas distorsionan los mercados ya que suben de manera muy pronunciada el precio del alquiler por la facilidad para obtener mucho más dinero con arrendamientos de un día, y los vecinos se tienen que ir".
Las empresas de gestión de pisos turísticos se encargan de publicitar la vivienda en internet a través de diversas plataformas y de posicionarla en la red para que llame la atención de los clientes potenciales. Lo hacen a cambio de un porcentaje sobre el precio final que suele ser del 35%. El resto se lo lleva el propietario de la vivienda y es un negocio legal. En algunos casos también se hacen cargo de los trámites de licencia en el Ayuntamiento, la Junta o Diputación correspondiente.
