El presidente de Foro, Pedro Leal, ha emplazado hoy al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo a abrir una comisión de investigación para esclarecer las posibles responsabilidades políticas derivadas de la pesquisas que se siguen en torno al 'Caso Enredadera".
En rueda de prensa junto a la secretaria general de Foro Oviedo, Camino Gutiérrez, Leal ha señalado que sería "una hipocresía inaceptable" que FSA, IU, Somos Podemos, Ciudadanos y PP rechacen la creación de una comisión que investigue dichas actuaciones.
Asimismo, Leal, cuyo partido no tiene representación en el Ayuntamiento de Oviedo, ha considerado imprescindible conocer si el alcalde, Wenceslao López, "pone la mano en el fuego" por la actuación de los secretarios general de FSA, IU y Somos-Podemos.
En este sentido, ha asegurado que él si lo hace por el secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, que aparece en varias grabaciones del sumario, dado que esas conversaciones, asegura, no tienen que ver con la contratación pública sino con asuntos privados.
En su opinión, ni el gobierno tripartito de Oviedo, al que ha acusado de estar "entretenido en sus cuitas internas", ni la oposición han mostrado interés en analizar la contratación de las empresas relacionadas con el caso Enredadera.
Además, ha recordado que el levantamiento del sumario dio a conocer conversaciones telefónicas que hacen referencia a la Consejería de Hacienda y mencionan algunos contratos adjudicados a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
No obstante, ha negado que se trate de "una venganza", ni de un "juicio paralelo" a la instrucción del Juzgado de Badalona, sino un modo de alentar a que se investiguen las actuaciones del Ayuntamiento y ha considerado que sería "muy saludable" aplicar los mismos criterios indagadores que se aplican en Gijón y en otras instituciones, donde, a su juicio, han salido reforzados.
La pasada semana Foro trasladó también a la Mesa de la Junta General del Principado una solicitud para constituir una comisión parlamentaria que depure las responsabilidades políticas que se deriven de las actuaciones del gobierno regional relacionadas con empresas o personas investigadas en el 'caso Enredadera'.
