La magistrada-juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, María Begoña Fernández Fernández, ha ordenado que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para conocer "la constitución y modificaciones posteriores" de dos empresas ligadas al contrato del stand de Oviedo para la Feria de Muestras que se celebró en Gijón durante el verano del año pasado, una concesión que fue denunciada por el Partido Popular al entender que en la operación se produjeron un cúmulo de irregularidades que desembocaron en la adjudicación a dos personas relacionadas con Podemos. La jueza que investiga el caso ha tomado esta decisión a raíz de la solicitud de la fiscal, Esperanza González Avella, que ya lo pidió a través de un escrito el pasado día 2 de julio.
María Begoña Fernández también ha admitido otra de las solicitudes del Ministerio Público, que había pedido que se ampliase el periodo de diligencias hasta un máximo de año y medio. La fiscalía y la jueza consideran que la causa debe declararse como "instrucción compleja", dado que "tiene por objeto numerosos hechos punibles y exige la realización de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación y complicados análisis".
La denuncia
El Partido Popular presentó en el juzgado número uno de la ciudad una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude en la contratación de los directores del stand del Ayuntamiento en la feria gijonesa, que resultaron ser Ánxel Nava y José Alberto Álvarez.
A juicio de los populares, estas dos personas deberían ser llamadas a declarar junto al concejal de Turismo, Rubén Rosón (Somos), responsable del stand, y a Ana Taboada, teniente de alcalde y líder de Somos Oviedo. De acuerdo con la denuncia de los populares, tanto Nava como Álvarez trabajaban en el proyecto para la Feria de Muestras semanas antes de que se produjera la adjudicación oficial de unos contratos que, en total, sumaron unos 175.000 euros.
