La negativa de los servicios de intervención municipal a llevar a cabo la fiscalización de todos los contratos impulsados durante los últimos diez años por el área de Seguridad Ciudadana no paralizará el proceso impulsado por el tripartito para determinar si hay alguna licitación "contaminada" por la trama del "caso Enredadera". Según indicó ayer la vicealcaldesa, Ana Taboada, el gobierno municipal acudirá a un servicio externo para analizar, en primer lugar, aquellas contrataciones en las que intervinieron "responsables funcionariales" vinculadas a este caso de presunta corrupción política y empresarial.

Además de esta fiscalización del área de Seguridad Ciudadana, el tripartito también acordó, tras el registro policial de las dependencias municipales en busca de documentación relacionada con el caso, presentarse como acusación particular en la causa abierta en un juzgado de Badalona. Para ello, el Consistorio ya ha contratado a un procurador en Cataluña.

El "caso Enredadera" ha hecho saltar chispas en el tripartito. Somos ha criticado que sus socios han reaccionado con lentitud y que retrasaron la personación en la causa, mientras que PSOE e IU acusaron de electoralismo a los de Ana Taboada.